Bogotá, junio de 2025 – La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en una red de corrupción ligada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El caso, que ha sacudido los cimientos del actual gobierno, implica el uso indebido de contratos estatales para favorecer intereses políticos.

Bonilla, uno de los más cercanos colaboradores del presidente Gustavo Petro, enfrentará acusaciones formales por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. La decisión de la Fiscalía llega tras varios meses de investigación y recolección de pruebas, incluidas declaraciones juradas de exfuncionarios de la misma entidad, quienes apuntan directamente al exministro.

🎯 ¿Qué se investiga?

La línea central del caso gira en torno a presuntas ofertas de contratos públicos a congresistas, a cambio de votos favorables en proyectos clave para el gobierno. Las maniobras, que habrían sido orquestadas desde la dirección de la UNGRD, estarían orientadas a garantizar apoyos políticos estratégicos a la administración Petro.

Según las investigaciones preliminares, Ricardo Bonilla habría ejercido presiones directas e indirectas desde el Ministerio de Hacienda, facilitando la asignación de recursos a proyectos vinculados con la gestión del riesgo, pero condicionados a decisiones políticas.

🧩 La caída en cadena

Este nuevo capítulo judicial se suma a una serie de escándalos recientes que comprometen a altos funcionarios del gobierno, entre ellos el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y otros nombres ya conocidos en el Congreso. El caso ha escalado rápidamente, generando tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, y alimentando las voces que denuncian una estructura de clientelismo dentro del aparato estatal.

Bonilla, reconocido por su trayectoria académica y su cercanía al presidente Petro desde la Alcaldía de Bogotá, había sido defensor de la reforma tributaria y del modelo económico del gobierno del cambio, lo que hace aún más delicado el impacto de esta imputación en el círculo más estrecho del poder presidencial.

⚖️ Consecuencias políticas y jurídicas

La audiencia de imputación será clave no solo para esclarecer responsabilidades, sino también para medir el nivel de independencia de las instituciones judiciales frente al poder político. La oposición ya ha solicitado una investigación más amplia que abarque otros ministerios, al considerar que podría haber una red más compleja detrás del caso UNGRD.

Además, la noticia llega en un momento de desgaste político para el gobierno, con reformas empantanadas en el Congreso, escándalos simultáneos y una creciente desconfianza ciudadana.

🔍 Lo que sigue

• Se espera que en los próximos días la Fiscalía presente formalmente el escrito de imputación.

• Bonilla podría enfrentar medidas cautelares mientras avanza el proceso.

• El caso podría ser asumido por la Corte Suprema si se comprueba la participación de congresistas en funciones.

Este nuevo capítulo judicial promete tener repercusiones no solo en el plano legal, sino también en la estabilidad política del actual gobierno, que ve cómo uno de sus alfiles más cercanos queda en la mira de la justicia.