El municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca, vivió una jornada de violencia el pasado sábado 3 de mayo, cuando una motocicleta cargada con explosivos fue detonada cerca de la estación de Policía. El ataque, atribuido preliminarmente al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, generó pánico entre los habitantes y dejó daños estructurales en la casa cural del municipio.

El ataque

Según informes preliminares, la motobomba fue activada en pleno casco urbano de Caloto, a escasos metros de la estación de Policía y de la casa cural. Tras la explosión, se registró un hostigamiento con ráfagas de fusil por parte de los atacantes, que fue repelido por miembros del Ejército Nacional.

Reacciones

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, cuya residencia se encuentra a pocos metros del lugar de la explosión, expresó su rechazo al acto de violencia y solicitó garantías de seguridad para la comunidad. A través de su cuenta en X, Yule declaró: “Estamos bien físicamente, pero con profunda tristeza por lo ocurrido. Rechazo con firmeza este acto de violencia que amenaza la vida y la tranquilidad de toda nuestra comunidad. Hacemos un llamado urgente a todas las autoridades competentes; exigimos garantías de seguridad y una respuesta inmediata”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también se pronunció sobre los hechos, condenando los ataques y anunciando la activación de protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades locales y nacionales.

Contexto regional

Este ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados en el departamento del Cauca en los últimos meses, donde las disidencias de las FARC han intensificado sus acciones armadas contra la fuerza pública y la población civil.

Conclusión

La situación en el norte del Cauca continúa siendo crítica, con una escalada de violencia que pone en riesgo la seguridad de los habitantes y desafía los esfuerzos del gobierno por alcanzar la paz en la región. Las autoridades locales y nacionales enfrentan el reto de fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado.