Bogotá, 22 de abril de 2025 — La senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, arremetió con dureza contra el Gobierno Nacional y el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las polémicas declaraciones en las que el funcionario afirmó que “si no se aprueba la consulta en el Senado, lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y el presidente de la República”.
Para Holguín, esta afirmación representa un acto de chantaje político inaceptable y evidencia el uso reiterado del populismo como herramienta de presión institucional. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la senadora aseguró que el gobierno Petro “acostumbra burlar las decisiones del Congreso y del poder judicial”, generando un serio riesgo para la democracia.
Un gasto millonario en medio de crisis fiscal
Holguín criticó también el altísimo costo que tendría la consulta popular, estimado en $600 mil millones de pesos, en un contexto donde Colombia enfrenta grandes dificultades fiscales. Según ella, más que buscar una transformación social legítima, el Ejecutivo intenta “distraer a la opinión pública” y desviar la atención de los graves escándalos de corrupción y de una gestión deficiente.
“Pretenden en realidad usarla para hacer campaña y distraer la opinión pública de su mala gestión y graves escándalos de corrupción”, escribió Holguín.
“Un dulce envenenado”: los peligros ocultos tras las preguntas
La senadora antioqueña desmontó, punto por punto, varias de las preguntas contempladas en la propuesta de consulta, calificándolas como “un dulce envenenado” que, de aprobarse, podría aumentar el desempleo, estimular la informalidad laboral y destruir empleos formales existentes. Entre sus argumentos más fuertes se encuentran:
Sobrecostos laborales que agravan la informalidad: El recargo nocturno desde las 6 p.m. (actualmente es desde las 9 p.m.) y el recargo del 100% por trabajo dominical (hoy del 75%) aumentarán los costos laborales al punto de que muchas empresas no podrán sostener el empleo.
Desincentivo a la formación laboral: Obligar a pagar a los aprendices lo mismo que a trabajadores experimentados podría llevar a que las empresas simplemente dejen de contratar aprendices, eliminando oportunidades de aprendizaje y experiencia para los jóvenes.
Eliminación del contrato sindical: Esta medida pondría en riesgo más de 400 mil empleos, según Holguín, y eliminaría una herramienta democrática y moderna de relación laboral que ha sido utilizada en distintos sectores del país.
Confusión entre subsidios y pensiones: Equiparar ambas figuras no solo es inconstitucional, sino también inviable desde el punto de vista financiero, dijo la senadora.
Distorsión del régimen de contratación: Aunque el Gobierno promueve que todos los contratos sean a término indefinido, Holguín recordó que la ley actual ya establece garantías para los contratos a término fijo, incluyendo prórrogas limitadas y condiciones de indemnización equitativas. Obligar a las empresas a contratar solo bajo una modalidad afectaría su flexibilidad para operar.
“Lo que busca el Gobierno Petro termina siendo perjudicial para el trabajador”, concluyó la senadora, quien considera que las medidas propuestas no fortalecerán la estabilidad laboral, sino que provocarán más despidos y menores oportunidades de contratación formal.
Oposición frontal desde el Congreso
Holguín se sumó a otras voces del Congreso que ya han manifestado su rechazo a la consulta, y señaló que espera que la propuesta sea rechazada en el Senado. Desde su perspectiva, el Legislativo debe ejercer su papel con firmeza para evitar que el populismo y el uso indebido de herramientas democráticas terminen afectando el empleo, la economía y la institucionalidad del país.