Bogotá D. C., 6 de mayo de 2025. – La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín radicó ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades cometidas durante su visita oficial a París en junio de 2023.
La denuncia se sustenta en la posible comisión de los delitos de Falsedad Ideológica en Documento Público y Prevaricato por Acción, tipificados en los artículos 286 y 413 del Código Penal Colombiano. Según Holguín, el mandatario incurrió en estos delitos al expedir el Decreto 1009 del 24 de junio de 2023, con el que modificó el Decreto 978 para extender su estadía en Francia, argumentando un supuesto “cambio en la agenda del señor Presidente y razones de orden técnico-aeroportuarias”.
El fondo de la denuncia: contradicciones y vacío de justificación
De acuerdo con la congresista del Centro Democrático, al revisar el registro oficial de actividades publicado por la Cancillería, se evidencia que la agenda oficial de Petro concluyó el 23 de junio, por lo que no había razón institucional válida para postergar su regreso. A esto se suma que, según las cartas divulgadas por el entonces canciller Álvaro Leyva, tampoco existieron las mencionadas “razones técnico-aeroportuarias”.
“Con independencia de lo que estuviera haciendo el presidente Gustavo Petro en París entre el 23 y el 25 de junio, una cosa es clara e irrefutable: las razones esgrimidas para expedir el Decreto 1009 no fueron ciertas”, señala el texto de la denuncia.
Análisis jurídico: posibles implicaciones
Desde una perspectiva jurídica, la expedición de un decreto con una motivación que no corresponde a la realidad fáctica podría configurar un claro caso de falsedad ideológica, al contener una afirmación contraria a la verdad en un acto administrativo. Además, el uso de la potestad reglamentaria del presidente para fines distintos a los permitidos por la ley podría constituir prevaricato por acción, en tanto se dictaría un acto administrativo con pleno conocimiento de su ilegalidad.
La denuncia sostiene que el Decreto 1009 fue expedido bajo una motivación falaz, lo que en derecho administrativo se conoce como desviación de poder: utilizar la autoridad otorgada por la ley con un propósito distinto al legalmente previsto. Este tipo de actuación, además de comprometer la responsabilidad personal del funcionario, erosiona los principios de transparencia y legalidad que rigen la función pública.
Implicaciones políticas
El hecho de que esta denuncia provenga de una precandidata presidencial opositora añade un componente político inevitable. Holguín ha sido una de las voces más críticas frente a la gestión de Petro, y este episodio se suma a otros cuestionamientos recientes sobre el cumplimiento de sus deberes institucionales y su transparencia en el ejercicio del cargo.
Sin embargo, más allá del contexto político, la denuncia plantea una pregunta de fondo: ¿puede un presidente justificar la modificación de su agenda internacional con razones que no se sostienen en la evidencia? Si las acusaciones de Holguín prosperan, el caso podría marcar un precedente en materia de control político y responsabilidad del Ejecutivo.
Por ahora, la Comisión Legal de Investigación y Acusación deberá revisar el material probatorio y determinar si existe mérito para avanzar en una investigación formal contra el jefe de Estado.