El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, vuelve al centro de la tormenta judicial. La Fiscalía General de la Nación presentará este miércoles la segunda imputación de cargos en su contra, en el marco de un proceso que ha escalado de manera vertiginosa y que amenaza con convertirse en uno de los episodios más complejos para el gobierno actual.

📌 Los nuevos delitos imputados

El ente acusador sostiene que Nicolás Petro habría incurrido en tres conductas punibles durante su ejercicio como diputado del Atlántico:

1. Interés indebido en la celebración de contratos: se le señala de haber intervenido de manera irregular para direccionar contratos públicos hacia terceros con los que tendría vínculos personales o económicos.

2. Falsedad en documento público: habría presentado o manipulado documentos oficiales con el fin de ocultar la verdadera destinación de recursos y encubrir operaciones cuestionadas.

3. Tráfico de influencias: se le acusa de aprovechar su posición como hijo del presidente y funcionario electo para presionar, gestionar o facilitar beneficios indebidos en entidades estatales.

Estas acusaciones se suman a los procesos ya en curso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, imputados meses atrás.

🧾 El origen de las evidencias

La Fiscalía fundamenta su nueva imputación en un cúmulo de pruebas recolectadas desde 2023:

• Chats y conversaciones filtrados con su expareja sentimental, en los que se mencionan entregas de dinero en efectivo y pactos con supuestos financiadores políticos.

• Audios que, según la investigación, revelan la forma en que se planeaba la distribución de contratos y la captación de recursos en medio de campañas.

• Testimonios de testigos clave que habrían confirmado la existencia de reuniones y acuerdos ilegales para direccionar recursos públicos destinados a programas sociales, entre ellos proyectos para atención a niños y adultos mayores.

⚖️ Lo que busca la Fiscalía

En esta audiencia, la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento intramural (cárcel), argumentando que Nicolás Petro en libertad podría obstruir el proceso judicial, manipular pruebas o influir en testigos.

De prosperar esta solicitud, el hijo del presidente podría ser recluido preventivamente mientras avanza el juicio, lo que marcaría un giro radical en su situación personal y política.

🔍 Implicaciones políticas y jurídicas

El caso trasciende lo judicial y se convierte en un golpe directo a la legitimidad del gobierno nacional:

• Para la oposición, la nueva imputación refuerza el discurso de que la “lucha contra la corrupción” defendida por el presidente se ve debilitada por las actuaciones de su círculo más cercano.

• Para el oficialismo, representa un reto de independencia: demostrar que el proceso no está manipulado por intereses políticos y que la justicia avanza con autonomía.

• Para la opinión pública, el caso acentúa el debate sobre la coherencia del gobierno frente a sus banderas éticas y morales.

Aunque el presidente Petro ha reiterado que no intervendrá en los procesos judiciales de su hijo, la presión mediática y ciudadana continúa aumentando.

🚨 Escenarios posibles

1. Imputación con detención preventiva: si el juez acepta la solicitud de la Fiscalía, Nicolás Petro sería trasladado a un centro carcelario mientras se desarrolla el juicio.

2. Imputación sin detención: el juez podría optar por medidas menos restrictivas, como detención domiciliaria o prohibición de salida del país.

3. Aplazamiento o recursos legales: la defensa podría solicitar aplazamientos, cuestionar la validez de las pruebas o interponer recusaciones para dilatar el proceso.

📊 Un caso que marca la agenda nacional

El proceso contra Nicolás Petro no es un caso aislado: se ha convertido en un símbolo de cómo la justicia aborda situaciones en las que familiares de altos funcionarios aparecen vinculados con corrupción. Su desenlace puede tener repercusiones directas en la confianza institucional, en la narrativa del gobierno y en la dinámica electoral de cara a 2026.