Contexto y denuncia
La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, publicó con carácter urgente su versión de un borrador legislativo —el Proyecto de Ley 193 de 2025 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)— que, a su juicio, contiene dos elementos altamente preocupantes:
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La supuesta creación de una sobretasa del 30 % al internet fijo, lo que considera una “mini reforma tributaria” que podría recaudar casi medio billón de pesos anuales. Valencia señala que este cobro cruzado —impuesto a estratos medios-altos para subsidiar a los vulnerables— es desproporcionado y dañaría la economía doméstica y empresarial.
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Facultades extraordinarias para MinTIC, según el artículo 10 del proyecto: se habla del fortalecimiento de la inspección, vigilancia, control e incluso “toma de posesión” de infraestructuras consideradas críticas. Valencia interpreta esto como una amenaza directa a la libertad de prensa, pues permitiría al Ministerio intervenir en medios de comunicación en pleno año electoral, con criterios que lamentablemente serían definidos exclusivamente por el Ejecutivo.
Justificación ministerial y contradicciones
El ministro de las TIC, Julián Molina, salió a desmentir la acusación de Valencia, en un mensaje claro y oficial:
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Aseguró que no existe intención alguna de intervenir o controlar los medios de comunicación ni sus contenidos.
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Señaló que las facultades señaladas solo aplican a la infraestructura crítica necesaria para garantizar el acceso a internet como servicio público esencial.
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Sostuvo que estas funciones estaban alineadas con la Ley 142 de servicios públicos, y son necesarias para mantener la conectividad ante emergencias o amenazas.
Dimensiones del debate
Libertad de prensa
Valencia advirtió que otorgar facultades de “policía administrativa” y toma de posesión a MinTIC en la antesala de una campaña electoral desdibuja la línea entre supervisión técnica y control mediático, abriendo el riesgo de censura o intervención directa en contenidos informativos.
Carga tributaria y financiamiento
El 30 % extra al internet fijo representa un fuerte impacto económico, aunque el proyecto introduce un fondo para subsidiar el acceso digital en población vulnerable. Queda abierta la discusión sobre si este mecanismo es equitativo o si se trata de una reforma fiscal indirecta disfrazada.
Poder y equilibrio institucional
Valencia advierte sobre una concentración de facultades en el Ejecutivo que excede la función administrativa y se acerca a un control regulator criminal, lejos del equilibrio político que debe garantizar el Congreso.
Conclusión
El proyecto de “Internet Solidario” desató una nueva fractura política. En juego están no solo las redes que nos conectan, sino el equilibrio entre libertad de prensa, equidad tributaria y control ciudadano. La tensión es real: ¿es una reforma técnica o una puerta encubierta para supervisar y protestar medios? ¿Serán las tarifas justas o una presión encubierta sobre la economía digital?