Un menor detenido, armas de origen extranjero y presunta complicidad interna: la investigación por el ataque al precandidato sacude la confianza en las instituciones.
Bogotá, junio 2025. La Fiscalía General de la Nación ha abierto una línea de investigación que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del país: miembros activos de la Policía Nacional estarían implicados directa o indirectamente en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
El caso, que inicialmente parecía ser un intento de asesinato aislado, ha tomado un giro institucional explosivo. Fuentes del ente acusador confirmaron que la Fiscalía Penal Militar y Policial está a cargo del componente interno del proceso, mientras se fortalece la hipótesis de infiltración en las fuerzas de seguridad.
⚖️ El detenido: un menor de edad, armas extranjeras y más dudas
Hasta el momento, la Fiscalía ha capturado a un menor de edad, señalado como presunto ejecutor del ataque. El joven fue detenido con una arma de fuego de procedencia estadounidense y habría tenido contacto previo con terceros aún no identificados. La hipótesis apunta a que no actuó solo.
La investigación intenta determinar:
¿Quiénes facilitaron el arma?
¿Existieron omisiones o colaboración interna?
¿Es el menor una pieza instrumental de un plan más complejo?
🧨 Petro habla de infiltración institucional
El presidente Gustavo Petro se pronunció con dureza el 10 de junio, afirmando que podría haber “infiltración en las fuerzas del orden”, una declaración sin precedentes en la historia reciente del país.
“Si este ataque provino desde adentro, es necesario que el país lo sepa. No se puede proteger la democracia si quienes deben custodiarla están comprometidos con su destrucción”, señaló el mandatario en rueda de prensa.
🧠 Un golpe a la confianza ciudadana
Este nuevo giro no solo complica la investigación penal, sino que fractura la percepción pública sobre la integridad de los cuerpos de seguridad, en un país donde la violencia política aún tiene profundas cicatrices.
Analistas advierten que, de confirmarse la participación de uniformados, la legitimidad institucional sufriría un golpe estructural:
Desconfianza hacia el proceso electoral.
Llamados a una reforma profunda en cuerpos de seguridad.
Escalada del discurso polarizador en redes y medios.
🗣️ Reacciones del país político y social
La familia de Uribe Turbay pidió que se refuerce el esquema de seguridad de todos los precandidatos, sin distinción de tendencia.
Voceros del Congreso solicitaron la presencia del Fiscal General ante la plenaria para rendir cuentas sobre los avances reales.
Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el peligro de criminalizar a jóvenes vulnerables sin garantías procesales.
🔍 ¿Por qué este caso importa?
Porque conecta elementos altamente sensibles:
Un intento de magnicidio en pleno año preelectoral.
Un posible encubrimiento o colaboración interna dentro de la Policía.
Un menor como ejecutor, lo que abre debates sobre reclutamiento criminal.
El uso de armas extranjeras, lo que sugiere redes ilícitas transnacionales.
Este es uno de los casos que puede redefinir la discusión sobre institucionalidad, transparencia electoral y reforma policial en Colombia.