Bogotá, 18 de abril de 2025 — El presidente Gustavo Petro sorprendió al país este viernes al emitir una directiva presidencial en la que ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas contra el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, encabezadas por alias ‘Calarcá’. Esta decisión llega justo después de que el cese al fuego bilateral con dicha organización expirara el pasado 15 de abril y no fuera renovado oficialmente.
La decisión: una pausa estratégica en medio del fuego cruzado
Aunque el decreto no contempla una renovación formal del cese al fuego, el presidente ha optado por mantener la suspensión de ofensivas militares hasta el próximo 18 de mayo. Esta medida busca brindar un ambiente propicio para retomar o avanzar en las conversaciones de paz que el Gobierno adelanta con este grupo insurgente, con el objetivo de frenar la violencia que persiste en algunas regiones del país.
La orden implica que las Fuerzas Armadas deberán abstenerse de iniciar ataques ofensivos, aunque se mantiene la autorización para acciones defensivas y de protección de la población civil, así como las operaciones de control territorial. De esta manera, el Ejecutivo mantiene una postura dual: mostrar voluntad de diálogo sin ceder completamente el control del orden público.
El contexto: ruptura del cese al fuego y tensiones crecientes
El cese al fuego bilateral con el EMC, que había iniciado en octubre de 2023, finalizó sin renovación, debido a múltiples incumplimientos y hechos violentos atribuidos a esta estructura armada, entre ellos ataques a la fuerza pública, extorsiones y presuntas acciones de reclutamiento forzado. Sin embargo, el gobierno argumenta que la puerta al diálogo debe mantenerse abierta, especialmente en zonas donde el conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas.
La decisión del presidente Petro también responde a preocupaciones expresadas por organismos humanitarios y líderes sociales, quienes han advertido sobre el riesgo de un aumento de violencia si se retoman las ofensivas sin antes consolidar una estrategia de protección para la población.
Reacciones divididas: entre la esperanza de paz y el temor a la impunidad
Desde diversos sectores del país se han generado reacciones encontradas frente a esta determinación. Algunos líderes políticos han criticado lo que consideran una “tregua unilateral” que favorece a grupos ilegales sin obtener compromisos claros a cambio, mientras que defensores de derechos humanos celebran la medida como una apuesta por la solución negociada al conflicto armado.
En las regiones con presencia del EMC, como el Cauca, Meta, Nariño y Guaviare, la población observa con expectativa el desarrollo de los acontecimientos. El temor a una nueva escalada violenta coexiste con la esperanza de que esta pausa sea el primer paso hacia acuerdos duraderos.
Una nueva ventana para la paz
La medida de suspender las operaciones ofensivas, sin la formalidad de un nuevo cese al fuego bilateral, representa un experimento político audaz por parte del gobierno Petro. Busca mantener el equilibrio entre la autoridad estatal y la intención de reconciliación nacional. Aún está por verse si esta estrategia resultará efectiva o si terminará fortaleciendo a una estructura armada que ha demostrado capacidad de reorganización y acción militar.
Lo cierto es que la decisión del Ejecutivo reaviva el debate sobre los límites del diálogo con actores armados y sobre el camino que Colombia debe recorrer para alcanzar una paz completa y sostenible. La cuenta regresiva para el 18 de mayo ya empezó. Y con ella, también, la necesidad de resultados concretos.