Bogotá, 8 de septiembre de 2025.
En medio de una situación crítica de seguridad en zonas con cultivos ilícitos, el presidente Gustavo Petro reabrió el debate sobre la reactivación de la fumigación aérea con glifosato. Su contundente mensaje no fue general, sino condicionado de forma específica:
“Donde la ciudadanía ataque al Ejército, habrá fumigación aérea.”
Este pronunciamiento se produce poco después de que 45 soldados, en una operación contra cultivos ilegales, fueron retenidos por civiles en una región del Cauca. El presidente defendió que esta forma de resistencia popular a las fuerzas armadas, instrumentalizada por la criminalidad, ha recrudecido y amerita una respuesta técnica y estratégica.
¿Un cambio de rumbo en la política antidrogas?
Desde 2015, la aspersión aérea de glifosato fue suspendida por la Corte Constitucional, debido a los efectos nocivos probados para la salud humana y el medio ambiente. No obstante, las recurrentes agresiones contra la Fuerza Pública —como el ataque en Putumayo donde dos militares fueron rociados con gasolina y quemados— han empujado a Petro a contemplar su reactivación en áreas consideradas de alta violencia. Su mensaje apunta a convertir esta medida en una herramienta excepcional, no general.
Repercusiones militares y jurídicas
Diversos sectores han reaccionado con cautela ante esta posibilidad. Para el Ejército y el Ministerio de Defensa, la fumigación aérea vuelve a considerarse una opción válida en zonas donde la seguridad del personal militar está seriamente amenazada. Para la Constitución, sin embargo, cualquier reactivación debe cumplir con criterios estrictos —consentimiento comunitario, control ambiental, y mecanismos de vigilancia— como lo exigió la Corte.
Reflexión final
Gustavo Petro envía un mensaje claro: el Estado no tolerará ataques a sus soldados, y está dispuesto a restablecer métodos polémicos como la fumigación aérea, siempre que la violencia lo justifique. Al mismo tiempo, esta postura podría fracturar el delicado equilibrio alcanzado tras años de debate sobre soberanía, derechos humanos y protección del medio ambiente.