El caso del presunto abuso sexual de varios menores en el Hogar Infantil Canadá, sede F, en el sur de Bogotá, ha sacudido a la opinión pública por la gravedad de los hechos y las contradicciones sobre una posible transmisión de VIH a las víctimas. La sociedad colombiana exige respuestas claras y acciones contundentes.

Contradicciones alarmantes sobre el estado de salud del agresor

Madres de familia han manifestado que el presunto agresor, identificado como Freddy Arley Castellanos, sería portador del virus VIH y que al menos dos menores habrían sido contagiados. Las declaraciones han avivado la angustia entre los padres y han multiplicado las voces que claman por claridad y justicia.

Mientras tanto, las autoridades del sistema de protección de la infancia han mantenido una postura reservada, argumentando que los resultados médicos aún están en manos de los expertos forenses. El hermetismo ha incrementado la desconfianza de la comunidad afectada, que exige información certera sobre el estado de salud del agresor y de los menores afectados.

Captura, cierre y promesas de revisión

Freddy Arley Castellanos fue capturado y enfrenta cargos por actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El jardín infantil fue cerrado de manera preventiva y se anunció una revisión urgente de todos los procesos de contratación y supervisión del personal que labora en instituciones de atención a la infancia.

Se habla de reformas en los protocolos de seguridad y seguimiento, pero para muchas familias las promesas ya no bastan. El miedo y la desconfianza persisten, especialmente entre quienes no saben aún si sus hijos fueron víctimas del agresor.

Indignación creciente y exigencia de justicia

La comunidad ha realizado protestas y plantones en las afueras del jardín infantil y frente a las instituciones responsables, exigiendo transparencia, celeridad en las investigaciones y una transformación profunda en el cuidado de los niños en el país.

La indignación no se limita a las familias afectadas. El país entero observa con preocupación este caso, que revela fisuras profundas en el sistema de protección infantil. Las autoridades locales y nacionales han sido emplazadas a responder no solo con castigos ejemplares, sino con políticas eficaces para garantizar que nunca más se repita una tragedia semejante.

Este hecho, desgarrador en lo humano y revelador en lo institucional, representa una alarma que el país no puede ignorar. La protección de los niños debe ser innegociable, y la verdad, por dolorosa que sea, debe salir a la luz.