Bogotá D.C., 22 de mayo de 2025 — En una nueva ofensiva contra el crimen organizado, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, materializó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 10 bienes muebles e inmuebles que, según las investigaciones, pertenecían a una red criminal dedicada al envío de cocaína a Europa mediante empresas internacionales de carga.
Los bienes, avaluados en más de 2.100 millones de pesos, están ubicados en Bogotá, y los municipios de La Unión y Jamundí en el departamento del Valle del Cauca, regiones estratégicamente utilizadas por esta organización para el ocultamiento, transporte y lavado de activos provenientes del narcotráfico.
🕵️♂️ Una organización desmantelada: “Los Químicos”
Las propiedades pertenecían a integrantes de la estructura criminal conocida como “Los Químicos”, una red transnacional que fue desarticulada en 2024 tras una operación de alcance internacional coordinada por la DIJIN. El grupo delictivo tenía como cabecilla a Ricardo Adrián Zuleta Soto, alias “Barbas”, y su brazo operativo principal era liderado por alias “El Químico”, quien fue capturado y extraditado como resultado de esta operación.
La organización utilizaba empresas de mensajería y carga para ocultar cocaína entre productos legales, logrando introducir droga en mercados europeos, principalmente a través de España. Las ganancias generadas por estas actividades ilícitas eran luego lavadas mediante la adquisición de bienes raíces y vehículos de alta gama.
🔍 Capturas internacionales y desmantelamiento financiero
Durante el operativo de desmantelamiento realizado en 2024, fueron capturados dos ciudadanos colombianos en territorio español y ocho personas más en Colombia, en los departamentos de Valle del Cauca, Magdalena y Cundinamarca. Estas detenciones se produjeron de manera simultánea, afectando el mando operativo, logístico y financiero de la organización.
La reciente acción judicial complementa ese golpe, al afectar directamente el patrimonio ilícito de los cabecillas. Las autoridades lograron ubicar y asociar una finca, dos casas y siete vehículos, cuya adquisición no pudo ser justificada con recursos legales, evidenciando su relación con el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero.
⚖️ Medidas cautelares con fines de extinción de dominio
Una vez identificados los bienes, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio, procedió a imponer medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, dejándolos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Esta figura jurídica permite al Estado privar de la propiedad a quienes adquieren bienes con dineros de origen ilícito, incluso sin necesidad de una sentencia penal previa. En este caso, los elementos probatorios recolectados por los investigadores permitieron establecer con claridad el nexo entre los activos y las actividades delictivas de la organización.
💬 Impacto en la lucha contra el narcotráfico
La ocupación de estos bienes representa un nuevo paso en la estrategia de afectación patrimonial contra el crimen organizado, priorizando la eliminación de las estructuras financieras que sostienen las operaciones criminales a nivel nacional e internacional.
Esta acción no solo golpea la capacidad de reinversión de los grupos ilegales, sino que también envía un mensaje de contundencia por parte del Estado frente al narcotráfico, el lavado de activos y el uso del sistema financiero para encubrir operaciones ilícitas.
Con esta operación, las autoridades reafirman su compromiso de continuar persiguiendo el delito desde todos los frentes, especialmente donde más le duele a las organizaciones criminales: su dinero y su poder adquisitivo. El mensaje es claro: en Colombia, el crimen no paga.
