Bogotá, mayo de 2025 — En una decisión que representa un alivio para el sistema energético nacional y una garantía de continuidad para millones de hogares, el Gobierno Nacional anunció el pago total de las deudas acumuladas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas, correspondientes al rezago presupuestal de 2024 y parte del presente año. El desembolso, que alcanza los 2,5 billones de pesos, se distribuyó entre más de 160 empresas prestadoras del servicio público domiciliario en todo el territorio nacional.

Este pago, considerado uno de los más grandes realizados en materia de subsidios sociales durante el actual gobierno, permite cumplir con los compromisos estatales establecidos en la política de subsidios dirigida a las poblaciones más vulnerables del país, particularmente los hogares de estratos 1, 2 y 3, quienes dependen de estos aportes para acceder a servicios básicos como energía eléctrica y gas combustible.

💡 Un alivio para el sector energético

La deuda venía generando tensiones financieras dentro del sector, con efectos en la operación de empresas distribuidoras y comercializadoras de energía y gas natural. Algunos actores habían advertido de la necesidad urgente de recuperar flujo de caja para continuar prestando el servicio de manera adecuada, especialmente en zonas rurales, regiones con alta dispersión poblacional, y territorios de difícil acceso.

Con esta inyección de recursos, el Gobierno garantiza que las empresas puedan mantener sus operaciones sin afectar a los usuarios finales, evitando riesgos como cortes de servicio, retrasos en mantenimientos o aumentos tarifarios por sobrecargas financieras. Las 87 empresas del sector eléctrico recibieron cerca de 1,93 billones de pesos, mientras que 76 empresas de gas fueron beneficiadas con más de 560 mil millones de pesos, logrando un saneamiento de cuentas sin precedentes.

🔌 Servicios garantizados en todo el país

Gracias a este pago, se asegura la continuidad de los subsidios dirigidos a las familias que más lo necesitan, permitiéndoles mantener el acceso a servicios fundamentales. En especial, el beneficio llega a las comunidades ubicadas en zonas del Sistema Interconectado Nacional, en territorios amparados por el Fondo Especial de Energía Social (FOES), y en las Zonas No Interconectadas (ZNI), donde el costo del servicio puede llegar a triplicar el promedio nacional por las dificultades logísticas y de infraestructura.

También se protege la operación en zonas críticas para el desarrollo social, donde el acceso a la energía no solo representa bienestar familiar, sino condiciones mínimas para el funcionamiento de escuelas, centros de salud, comercios y unidades productivas.

⚖️ Compromiso con la equidad y el bienestar

Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso con una política pública que busca reducir la brecha social en el acceso a los servicios esenciales. El subsidio a la energía y el gas no solo representa un beneficio económico directo para los hogares de menores ingresos, sino que es una herramienta de redistribución efectiva que permite mitigar el impacto de las tarifas en poblaciones históricamente excluidas.

El mensaje enviado al país con este pago es claro: el acceso a servicios públicos no puede estar condicionado por la capacidad de pago, sino garantizado como parte de los derechos fundamentales de todos los colombianos, en especial de quienes más lo necesitan.

📊 Perspectivas y próximos retos

Si bien el pago representa una acción positiva y oportuna, el desafío no ha terminado. Las proyecciones indican que, de no tomarse medidas presupuestales preventivas, la deuda en subsidios para el cierre de 2025 podría ascender nuevamente a 2,7 billones de pesos. Por ello, se hace necesaria una planificación financiera rigurosa, que permita mantener la sostenibilidad de estos beneficios sin afectar el equilibrio fiscal del Estado.

Además, se deberá trabajar en el rediseño de los mecanismos de focalización, fortaleciendo la eficiencia en la entrega de los subsidios, para asegurar que lleguen realmente a quienes los requieren y evitar fugas o duplicidad de beneficios.

🛠️ Reafirmación de confianza institucional

El pago de la totalidad de esta deuda permite también recuperar la confianza entre el sector privado y el Estado. Las empresas del sector energético y de gas, que durante meses expresaron su preocupación ante la mora estatal, reciben ahora una respuesta concreta que fortalece la cooperación institucional, permite la planificación operativa y alivia las tensiones internas del sistema.

Asimismo, se envía un mensaje de seriedad y responsabilidad fiscal, al cumplir los compromisos adquiridos y garantizar la permanencia de programas de asistencia social que impactan de forma directa el bienestar de millones de familias.

Con esta medida, el Gobierno Nacional no solo equilibra las finanzas del sector energético, sino que también ratifica su compromiso con la equidad, la justicia social y el desarrollo sostenible. La energía y el gas, como motores del bienestar y la productividad, seguirán llegando a todos los rincones del país, con el respaldo de una política pública que prioriza la dignidad de los ciudadanos.