Una nueva tormenta diplomática sacude a Colombia tras la decisión del Ministerio Público guatemalteco de judicializar a dos altos funcionarios colombianos por su rol en la lucha contra la corrupción.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala ha emitido órdenes de captura internacionales contra Iván Velásquez Gómez, exministro de Defensa de Colombia y reconocido excomisionado de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), y Luz Adriana Camargo, actual Fiscal General de la Nación en Colombia. La acusación los señala por los presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en relación con investigaciones que involucraron a la constructora Odebrecht.

El anuncio fue realizado por el polémico fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, quien pidió también activar una alerta roja de Interpol, desatando una controversia regional que mezcla justicia, diplomacia, geopolítica y memoria de las luchas contra la corrupción en Centroamérica.

🎯 El trasfondo: una lucha con historia

Iván Velásquez lideró la CICIG entre 2013 y 2019, periodo en el que destapó redes de corrupción política y empresarial en Guatemala, incluida una estructura de financiamiento ilícito en campañas presidenciales, que tocó las esferas más altas del poder. Su labor fue reconocida internacionalmente, pero también incomodó a gobiernos y élites económicas, especialmente tras las investigaciones que llevaron a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina.

En 2018, fue expulsado de Guatemala por orden del expresidente Jimmy Morales, luego de que la CICIG iniciara pesquisas sobre su campaña electoral. Desde entonces, Velásquez se ha convertido en símbolo de la lucha contra la corrupción, pero también en blanco de sectores judiciales y políticos que buscan revertir sus acciones.

⚠️ ¿Justicia o persecución política?

La nueva acusación sostiene que Velásquez y Camargo habrían beneficiado ilegalmente a Odebrecht en procesos judiciales mientras hacían parte de los organismos anticorrupción. Sin embargo, diversas voces han denunciado esta acción como un acto de revancha política promovido por fiscales alineados con sectores que intentan revertir el legado de la CICIG.

La actual Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, también hizo parte del equipo de investigaciones en Guatemala y es reconocida por su experiencia en delitos transnacionales. La orden de captura en su contra ha sido interpretada por analistas como una intimidación directa a fiscales independientes de América Latina.

🌎 Repercusiones regionales e internacionales

La respuesta del Gobierno colombiano no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro rechazó enfáticamente la decisión, calificándola como un acto arbitrario y sin fundamento, y advirtió sobre el riesgo de que los aparatos judiciales de algunos países sean usados para perseguir a quienes luchan contra la corrupción.

Asimismo, organizaciones de derechos humanos, entes internacionales y analistas jurídicos han manifestado su preocupación ante lo que consideran un peligroso precedente, en el que se criminaliza a funcionarios por ejercer la justicia de manera independiente.

El fiscal guatemalteco Curruchiche ha sido severamente cuestionado por organismos internacionales, e incluso señalado por el Departamento de Estado de EE.UU. por obstaculizar la justicia y perseguir a fiscales y jueces que combatieron la corrupción.

🧭 Una disputa que trasciende fronteras

Este episodio no solo revive los enfrentamientos institucionales entre Guatemala y Colombia, sino que también evidencia el pulso que existe entre las redes de poder impune y los intentos por fortalecer el Estado de derecho en América Latina. La figura de Iván Velásquez, ahora desde Colombia, y el ascenso de Camargo como fiscal general, han mantenido encendida la llama del legado anticorrupción de la CICIG.

Sin embargo, con esta orden de captura, se abre un nuevo capítulo lleno de tensiones, con posibles impactos en las relaciones diplomáticas, el respeto a los derechos fundamentales y la percepción internacional de independencia judicial en la región.

🔍 En resumen:

• Guatemala acusa a Velásquez y Camargo de delitos relacionados con el caso Odebrecht.

• La acción se interpreta como una represalia contra su rol en la CICIG.

• El gobierno colombiano respalda a sus funcionarios y denuncia persecución judicial.

• Se reavivan tensiones políticas y jurídicas en América Latina respecto al combate a la corrupción.

Este caso se convierte en un espejo de los riesgos que enfrentan los operadores judiciales que desafían estructuras de corrupción consolidadas, y plantea un interrogante clave: ¿quién protege a los que persiguen la impunidad?