Bogotá, junio de 2025 – En medio de un agitado panorama político, el expresidente de la Corte Constitucional y exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, ha sido nombrado como nuevo ministro de Justicia por el presidente Gustavo Petro, generando una ola de reacciones que van desde el respaldo institucional hasta duras críticas de la oposición.
Montealegre, reconocido por su larga trayectoria en derecho penal, reemplaza a Ángela María Buitrago, quien renunció recientemente alegando presiones externas e injerencias indebidas. El nombramiento ha sido interpretado por muchos como una jugada estratégica del Ejecutivo para consolidar sus reformas en un momento clave del mandato.
Un nombramiento que divide al Congreso
La designación de Montealegre ha provocado reacciones encontradas en el Congreso de la República. Mientras que los sectores afines al gobierno celebran la llegada de un jurista con experiencia y perfil académico, la oposición lo acusa de ser demasiado cercano al presidente Petro, cuestionando su independencia y anunciando la posible presentación de una moción de censura.
Varios senadores de bancadas independientes y opositoras han cuestionado si Montealegre podrá ejercer el cargo sin parcialidad, especialmente en un contexto donde el Gobierno insiste en avanzar con su agenda de reformas estructurales a través de mecanismos como la consulta popular, herramienta que ha sido duramente criticada por su posible uso fuera del marco constitucional.
Su rol en medio de la reforma judicial y la consulta popular
El nuevo ministro llega en un momento de tensiones institucionales, luego de que el presidente Petro anunciara su intención de convocar por decreto una consulta popular para aprobar la reforma laboral, tras su hundimiento en el Congreso. Esta iniciativa ha encendido las alarmas sobre una posible extralimitación de funciones del Ejecutivo, y pone en el ojo del huracán al Ministerio de Justicia como actor clave en la interpretación jurídica de la medida.
En este contexto, Montealegre deberá enfrentar el reto de conciliar posiciones entre las ramas del poder público, garantizar la seguridad jurídica del proceso reformista y liderar debates urgentes como la reforma a la justicia, la revisión del sistema carcelario y la implementación efectiva del enfoque de justicia restaurativa.
Un perfil con luces y sombras
Eduardo Montealegre no es ajeno a la polémica. Como fiscal general entre 2012 y 2016, su gestión estuvo marcada por decisiones controvertidas, investigaciones de alto impacto, y una defensa activa del proceso de paz con las FARC. Aunque reconocido por su solidez técnica, también ha sido blanco de señalamientos por su cercanía con actores políticos y su estilo confrontacional.
Su regreso al poder ejecutivo genera expectativas tanto por su capacidad de gestión como por el impacto político que su presencia tendrá dentro del gabinete presidencial.