San Salvador, 21 de abril de 2025 — En un giro sorprendente en la diplomacia latinoamericana, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una propuesta pública y directa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro: un intercambio humanitario que implicaría la repatriación de 252 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos y actualmente encarcelados en El Salvador, a cambio de la liberación de igual número de presos políticos retenidos en las cárceles venezolanas.
La propuesta
El mandatario salvadoreño anunció la iniciativa a través de un mensaje en redes sociales, en el que calificó su propuesta como un “acuerdo humanitario”. La propuesta no solo pone en el centro del debate la crisis migratoria venezolana y la situación de derechos humanos en Venezuela, sino que también introduce una nueva estrategia de presión política que ha generado fuertes reacciones en la región.
Los 252 venezolanos que forman parte de esta propuesta fueron deportados desde EE. UU. y trasladados a El Salvador, donde se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad diseñada para enfrentar a estructuras criminales. Bukele, en su mensaje, señaló que estos migrantes podrían regresar a su país, si a cambio Venezuela libera a 252 presos políticos. En su lista incluyó nombres de alta notoriedad como el del periodista Roland Carreño, la activista Rocío San Miguel y otras figuras reconocidas por organismos internacionales.
Un trasfondo de tensiones
La propuesta no es aislada. Se da en un contexto de intensas tensiones entre gobiernos de ideologías opuestas, con Bukele asumiendo una postura abiertamente crítica frente al régimen de Maduro, al que ha señalado repetidamente por violaciones a los derechos humanos, represión política y autoritarismo. Por su parte, el gobierno venezolano ha respondido con dureza, tildando la propuesta de cínica y calificando al presidente salvadoreño de “instrumento de Estados Unidos”.
La situación se agrava por las condiciones en las que se encuentran los migrantes venezolanos en El Salvador. Diversos sectores han denunciado que muchos de ellos fueron detenidos sin una investigación previa, bajo la presunción de vínculos con pandillas, pese a no tener antecedentes. El encarcelamiento masivo en el CECOT, aunque celebrado por algunos sectores de la población salvadoreña por su impacto en la seguridad, ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos por la falta de procesos judiciales individuales y condiciones de detención.
El componente humanitario y el debate político
Bukele ha justificado su propuesta como un acto de justicia humanitaria. “Si los migrantes no son criminales, ¿por qué deben pagar una condena? ¿Y si podemos intercambiarlos por personas encarceladas solo por pensar diferente, no vale la pena intentarlo?”, dijo el mandatario en su declaración.
El gobierno salvadoreño no ha especificado qué pasos seguirían tras una eventual aceptación por parte de Venezuela, pero ha dejado claro que espera una respuesta oficial y abierta por parte del régimen de Maduro. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención una maniobra que combina elementos de política exterior, derechos humanos y seguridad interna.
Un precedente que podría cambiar la diplomacia regional
La propuesta de Bukele representa un precedente inusual en las relaciones internacionales de América Latina: el uso de migrantes detenidos como instrumento de presión diplomática para exigir la liberación de opositores políticos. Aunque algunos han elogiado la idea como creativa y valiente, otros la consideran peligrosa y éticamente cuestionable.
El impacto de esta medida dependerá, en gran parte, de la respuesta de Venezuela, y de si la comunidad internacional decide respaldar o rechazar una iniciativa que desafía las normas tradicionales del derecho internacional humanitario.
Conclusión
Lo cierto es que la propuesta de Nayib Bukele ha sacudido el tablero político del continente, abriendo un debate urgente sobre migración, represión y el papel que los gobiernos están dispuestos a jugar cuando se trata de negociar libertades fundamentales. En un contexto regional donde las democracias enfrentan presiones crecientes y los regímenes autoritarios se consolidan, este movimiento podría marcar un nuevo capítulo en la forma en que se aborda la diplomacia de los derechos humanos en América Latina.