El intento de asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay expone fallas críticas en el sistema de protección y despierta preocupaciones sobre la integridad democrática de cara al 2026.
Bogotá, 11 de junio de 2025. Colombia ha entrado en una nueva fase de tensión política tras el intento de magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, actual precandidato presidencial y figura clave en la coalición opositora al Gobierno Petro. El atentado, ocurrido en una caravana de desplazamiento en el norte del país, ha generado conmoción nacional y encendido todas las alarmas sobre la seguridad de los actores políticos en campaña.
Aunque Uribe sobrevivió al ataque sin heridas de gravedad, dos miembros de su esquema de protección resultaron heridos, y el hecho ha forzado a varios partidos a suspender actividades públicas, señalando una ausencia de garantías mínimas para ejercer la actividad política en libertad y seguridad.
🔍 ¿Qué falló en los protocolos de seguridad?
La Unidad Nacional de Protección (UNP) había clasificado a Uribe como de riesgo alto, sin embargo, el ataque expuso deficiencias claras:
Retrasos en el refuerzo del esquema de seguridad, solicitado desde abril.
Falta de coordinación entre entidades territoriales y fuerza pública local.
Deficiencias en la anticipación de rutas y zonas de riesgo, a pesar de alertas previas en esa región.
“Si esto le ocurre a un precandidato nacional con respaldo partidista, ¿qué les espera a los candidatos de base o a liderazgos sociales regionales?”, cuestionó un vocero de la MOE (Misión de Observación Electoral).
⚠️ Impacto directo en la democracia
El atentado ha tenido un efecto inmediato en la atmósfera electoral:
Nueve partidos, entre ellos el Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, La U, MIRA y Liga de Gobernantes, han exigido al presidente Gustavo Petro garantías plenas para la participación política.
Se ha solicitado activar un protocolo de seguridad electoral nacional, liderado por la Procuraduría, con auditoría internacional.
La Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno ha quedado deslegitimada para estos sectores, que se niegan a asistir sin un rediseño institucional de fondo.
🗣️ Reacciones desde el espectro político y social
Las voces de rechazo no se hicieron esperar:
Gobierno Nacional: condenó el hecho y aseguró que se rediseñará el Plan Democracia 2026, aunque evitó autocríticas sobre la gestión de la UNP.
Oposición: calificó el atentado como “el más grave ataque a la contienda democrática desde 1990” y reclamó neutralidad y acción inmediata.
Colectivos sociales y redes: activistas han denunciado que esto refleja una escalada de violencia política estructural, y no solo un caso aislado.
En redes sociales, hashtags como #AtentadoMiguelUribe, #SeguridadElectoralYa y #DemocraciaEnRiesgo se posicionaron como tendencia nacional.
🧭 ¿Y ahora qué?
La pregunta sobre el rumbo de la campaña presidencial es inevitable. Las consecuencias inmediatas:
Cambios en la estrategia territorial de los precandidatos: más virtualidad, menos recorridos.
Replanteamiento del debate sobre la consulta popular propuesta por el Gobierno, ahora en un contexto de desconfianza institucional.
Presión internacional sobre el Estado colombiano para garantizar elecciones limpias y seguras en 2026..