Bogotá, junio de 2025 — Una nueva polémica sacude el escenario político nacional tras la denuncia interpuesta por la senadora Paola Holguín ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El objeto de la denuncia es su homóloga Isabel Cristina Zuleta López, quien actualmente ejerce funciones como representante del Gobierno Nacional en el denominado Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana con estructuras armadas organizadas de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá.
¿Qué motivó la denuncia?
Según la senadora Holguín, la participación de Zuleta en dichos espacios constituye una posible violación a los principios de imparcialidad y legalidad, al considerar que su papel estaría facilitando canales de diálogo y legitimación para estructuras criminales como bandas delincuenciales, sin una base jurídica clara ni un marco normativo aprobado por el Congreso o el Consejo de Seguridad Nacional.
Holguín argumenta que Zuleta habría excedido sus competencias como legisladora, actuando como vocera oficial del Ejecutivo en un proceso que, en palabras de la denunciante, “pone en riesgo el Estado de Derecho” y “abre una puerta peligrosa para la negociación directa con estructuras del crimen organizado urbano”.
¿Cuál es el trasfondo del Espacio Sociojurídico?
El Gobierno ha impulsado este espacio de conversación como una herramienta dentro de su política de Paz Total, cuyo objetivo es abordar no solo los conflictos con grupos armados insurgentes, sino también aquellos originados en contextos urbanos. Este enfoque busca transformar los escenarios de violencia en zonas metropolitanas, mediante procesos de diálogo, sometimiento a la justicia o pactos sociales.
Sin embargo, la figura ha sido altamente controvertida, especialmente por la falta de transparencia en la selección de interlocutores y los mecanismos de verificación de compromisos por parte de las bandas criminales.
El perfil de Zuleta y la reacción en el Congreso
Isabel Cristina Zuleta, senadora y defensora de causas sociales, ha sido una figura polémica por sus posturas frenterizas y su apoyo abierto a la política de reconciliación impulsada por el presidente Gustavo Petro. Su designación como representante del Gobierno en este espacio fue interpretada por sectores críticos como una jugada política que mezcla funciones legislativas con responsabilidades ejecutivas, generando un posible conflicto de intereses.
Desde varios sectores del Congreso, especialmente en la oposición, se ha cuestionado el nivel de participación de congresistas en escenarios de diálogo con estructuras armadas. Algunos legisladores consideran que estos espacios deben ser liderados exclusivamente por delegados del Gobierno con funciones legales específicas, no por senadores activos.
¿Qué sigue ahora?
La Corte Suprema de Justicia deberá evaluar si los hechos denunciados configuran un presunto uso indebido del cargo, extralimitación de funciones o infracción del régimen de inhabilidades. En caso de hallar mérito, la Sala de Instrucción podría abrir una indagación formal contra Zuleta.
Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta presión para esclarecer los lineamientos del Espacio Sociojurídico, las reglas del juego para quienes participen y los mecanismos de control sobre las acciones que allí se acuerden. La controversia pone de relieve una tensión de fondo entre los propósitos de paz urbana y los límites legales para su implementación.