Bogotá, junio de 2025.
El país atraviesa un momento crítico en materia de seguridad. Entre enero y abril de este año, Colombia ha registrado 131 secuestros, marcando la cifra más alta en un primer cuatrimestre en los últimos 15 años. La tendencia en alza ha puesto en alerta a autoridades, organismos humanitarios y comunidades enteras.
Este repunte ha sido especialmente dramático en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander, donde la presencia activa de grupos armados ilegales ha intensificado la práctica del secuestro exprés como estrategia de financiamiento, control territorial y presión política.
🗺️ Regiones más golpeadas
El mapa de los secuestros en 2025 revela patrones preocupantes. Cauca continúa siendo epicentro de la violencia, seguido por zonas rurales del Valle del Cauca, donde se han denunciado casos que incluyen incluso rapto de menores, como el del niño liberado tras el pago de una suma cercana a los 4.000 millones de pesos.
En estas regiones, las disidencias de las FARC, el ELN y bandas narcotraficantes han retomado métodos de intimidación que se creían erradicados: interceptaciones en carreteras, secuestros extorsivos, retención de líderes sociales y amenazas a familias completas para forzar desplazamientos.
⚠️ ¿Qué está fallando?
El incremento de secuestros ha revivido el debate sobre la eficacia de la política de “paz total” del Gobierno Nacional. Sectores críticos afirman que los procesos de diálogo y cese al fuego han sido utilizados por los grupos armados como una cortina de humo para reorganizarse, reclutar y retomar prácticas criminales con mayor libertad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian la falta de presencia institucional efectiva en los territorios más vulnerables, mientras las autoridades insisten en que se están fortaleciendo las capacidades de inteligencia y reacción.
🔍 ¿Qué se necesita?
Frente a esta crisis, expertos en seguridad y analistas coinciden en la necesidad de:
Reforzar el despliegue operativo en zonas rurales de alto riesgo.
Garantizar respuestas rápidas y articuladas entre Fiscalía, Policía y Fuerzas Militares.
Activar mecanismos de alerta temprana en comunidades.
Acelerar la judicialización de secuestradores, con penas ejemplares.
Invertir en procesos de desarrollo económico en las zonas más golpeadas por el conflicto.
🧭 Reflexión urgente
La situación actual recuerda épocas oscuras que Colombia ya había superado. Sin embargo, las cifras no mienten: la amenaza del secuestro ha vuelto a instalarse como una de las principales preocupaciones de seguridad nacional.
El desafío está sobre la mesa: devolver la tranquilidad a las familias, restaurar la confianza ciudadana y blindar las regiones más expuestas con acciones concretas, coordinadas y sostenidas en el tiempo.