Boyacá, 15-16 de septiembre de 2025.
En Villa de Leyva y Samacá (Boyacá), la Fiscalía desmanteló una red dedicada a expedir licencias de conducción fraudulentas, y ahora ordena la extinción de dominio de los bienes que se usaron para cometer esos delitos. Esta medida incluye vehículos, sedes educativas, establecimientos de comercio y propiedades cuyo valor supera los 4.800 millones de pesos.
¿Qué pasó?
Academias de conducción en Villa de Leyva y Samacá funcionaban como fachadas para entregar certificados de idoneidad a personas que no cumplían requisitos legales: ni clases teóricas suficientes, ni práctica, ni conocimiento real para manejar. Con suficiente dinero bastaba para obtener la licencia. Semana
En noviembre de 2024 fueron judicializadas siete personas vinculadas al esquema ilegal. Semana+2Boyacá 7 Días+2
Medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía incluyen el embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre una sociedad, 13 vehículos, y la toma de posesión de dos establecimientos de comercio. Los bienes alcanzan un valor superior a 4.800 millones de pesos. Semana+2Boyacá 7 Días+2
Consecuencias y significado
La acción judicial refleja una intención clara del Estado de imponer sanciones efectivas más allá de la multa o cierre temporal: confiscación de bienes usados para delinquir, lo que afecta directamente los intereses económicos de los responsables.
Podría servir de disuasivo importante para otras academias o entidades que operen de forma irregular, usando trámites administrativos como fuente de lucro sin respetar normas legales ni estándares de formación vial.
También responde a una exigencia ciudadana de mayor control sobre la legalidad en trámites de licencias, movilidad y seguridad vial, donde la licencia de conducción no es solo un papel, sino un elemento regulatorio clave para proteger vidas en las vías.
Reflexión institucional
Este caso pone de manifiesto varias lecciones urgentes para autoridades de tránsito, educación vial y entidades estatales:
Fortalecimiento de controles previos al otorgamiento de licencias, asegurando que los cursos prácticos y teóricos sean revisados y certificados con rigurosidad.
Mayor vigilancia sobre academias de conducción, con inspecciones puntuales, auditorías periódicas y sanciones contundentes frente al incumplimiento.
Comunicación transparente al ciudadano sobre cómo y dónde se debe hacer un trámite legítimo, para reducir espacios en los que las personas sean víctimas de engaños o corrupción.
Acciones de prevención educativa que enseñen a los aspirantes no solo la reglamentación vial, sino los derechos que tienen como ciudadanos frente a quienes ofrecen trámites dudosos.
Conclusión
La extinción de dominio decretada por la Fiscalía sobre los bienes usados en la red de licencias “chimbas” marca un punto de inflexión: no basta con sancionar a quien hace el fraude, sino también con retirar los instrumentos que hicieron posible esa ilegalidad. Es un paso hacia mayor transparencia, legalidad y justicia vial.