Bogotá, 19 de agosto de 2025.
Un nuevo giro crítico sacude la administración pública: la Procuraduría General de la Nación ya tenía en firme, desde el 15 de agosto, el documento sancionatorio para suspender de manera provisional durante tres meses al entonces jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, por su presunta extralimitación de funciones en la gestión del nuevo modelo de expedición de pasaportes.
¿Qué motivó esta decisión?
Violación de competencias: El borrador sancionatorio detalla que Saade dio instrucciones a funcionarios de la Cancillería respecto a la asignación de citas y la transición del contrato de fabricación de pasaportes, decisiones que excedían su rol institucional.
Testimonios clave: Altos funcionarios como el viceministro Mauricio Jaramillo, el secretario jurídico Camilo Escobar, la secretaria general Lucy Acevedo y el asesor Juan Carlos Fernández consignaron haber sido presionados por Saade en reuniones donde incluso se insinuó que estaban protegiendo intereses de la empresa Thomas Greg & Sons.
Interferencia directa: Saade habría participado activamente en estructurar y forzar decisiones operativas que no le correspondían, señalando que venían “como orden del Presidente”, y argumentando que otras entidades estaban retrasando el proceso por intereses personales.
¿Por qué no se aplicó la suspensión?
Antes de que la medida disciplinaria se hiciera efectiva, el Gobierno reasignó a Saade como embajador en Brasil. Este movimiento sería una jugada estratégica: como la suspensión aplica solo a su cargo en Palacio, el traslado le habría permitido esquivar la medida provisional aunque siga siendo investigado. Si finalmente es hallado responsable, podría enfrentar inhabilitación para ejercer cargos públicos, incluyendo el diplomático.
Editorial: herramientas disciplinarias versus maniobras políticas
Este caso ilustra una tensión decisiva: el uso real de mecanismos institucionales frente a la urgencia política por evadir sanciones. Que un alto funcionario sea señalado por abusar de su autoridad y que, de inmediato, sea enviado fuera del país en un cargo diplomático, proyecta un mensaje ambiguo sobre la eficacia de controles disciplinarios.
Si las instituciones buscan fortalecerse, deberán demostrar que la justicia puede llegar más allá de los movimientos políticos, sin importar cuán rápido se cambie de rol público.
Conclusión
La Procuraduría estuvo a un paso de suspender a Alfredo Saade de forma provisional, por intervenciones indebidas en un proceso crítico como el de los pasaportes. El traslado diplomático frustró esa posibilidad, dejando un interrogante que el país no puede ignorar: ¿puede la justicia disciplinaria operar sin ser afectada por maniobras políticas de último minuto?