Bogotá, 2 de julio de 2025. La Procuraduría General de la Nación emitió hoy un llamado estricto a las autoridades para que investiguen con celeridad el secuestro, homicidio y hallazgo en fosa común de ocho líderes cristianos en el municipio de Calamar, Guaviare. El organismo enfatizó la necesidad de capturar tanto a los autores materiales como a quienes planearon el crimen.
🕵️ Cronología de los hechos
En abril, las ocho víctimas fueron citadas por miembros del frente Armando Ríos, una disidencia de las FARC en Guaviare.
Fueron “interrogados” y luego hechos desaparecer en zona rural.
El pasado 1° de julio, sus cuerpos aparecieron en una fosa común; se presume que fueron asesinados con motivos relacionados a disputas territoriales y bloqueos al posible ingreso del ELN.
🚨 Señalamiento del Estado y exigencias institucionales
La Procuraduría calificó estos hechos como una violación al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, instando al Estado a:
Iniciar de inmediato la investigación y judicialización de responsables.
Adoptar acciones concretas contra los grupos armados ilegales que controlan el territorio.
Garantizar presencia institucional que garantice educación, salud, justicia y seguridad para la población de la zona.
🌱 Impacto territorial y seguridad religiosa
El crimen ocurre en medio de tensiones entre las disidencias de “Mordisco” y “Calarcá”, que disputan el control del suroriente.
La masacre atenta directamente contra la libertad religiosa, al atacar líderes de una misión cristiana venida de Arauca.
🧭 Repercusión y riesgos
Este acto despierta alarma en comunidades cristianas y evangélicas, al desafiar la libertad de culto en regiones vulnerables.
Marca la masacre más numerosa de 2025 en el país.
Refuerza el llamado a reforzar estrategias de protección a líderes sociales y religiosos, ante el riesgo de nuevas acciones violentas.
Conclusión:
La Procuraduría advierte que estos crímenes no pueden repetirse ni quedar impunes. Su llamado exige una respuesta estatal inmediata, con presencia institucional real y prioridad en garantizar que el derecho a la vida, la salud, la educación y la fe sean respetados en condiciones de paz.