El director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, viajó a Arauca para reunirse con las autoridades locales y evaluar las acciones institucionales frente al secuestro de dos uniformados adscritos al cuerpo élite de investigación de la DIJIN. Este hecho, ocurrido en el municipio de Tame, ha desatado una fuerte respuesta institucional, con un claro llamado a la liberación inmediata de los secuestrados y a la condena internacional de este acto violento.
Secuestro de dos uniformados en Arauca: Una violación al Derecho Internacional Humanitario
El secuestro de los uniformados subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y patrullero Fabián Pérez Mendoza, quienes fueron capturados por integrantes del ELN, ha conmocionado a las autoridades colombianas. Los policías estaban cumpliendo labores de investigación relacionadas con ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, de acuerdo con los compromisos establecidos en el acuerdo de paz firmado en 2016 en La Habana, Cuba.
El mayor general Triana Beltrán expresó su total solidaridad con las familias de los secuestrados y responsabilizó directamente al ELN por la integridad y la vida de los uniformados. Además, subrayó que este secuestro constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, un acto que será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando apoyo internacional para presionar por la liberación de los oficiales.
Acciones delictivas del ELN y el impacto en la seguridad en Arauca
El trabajo de los uniformados secuestrados ha sido esencial para el esclarecimiento de varios homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Arauca. En los últimos tres años, la DIJIN, bajo la dirección de estos oficiales, ha contribuido al esclarecimiento de 26 homicidios en la región, lo que destaca la importancia de su labor en la protección de la comunidad y en la lucha contra las estructuras criminales que afectan a los líderes sociales.
El secuestro de estos policías no solo es un ataque directo contra la seguridad del país, sino que también es un golpe a los esfuerzos por garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos en regiones del país particularmente vulnerables, como Arauca.
Exigencia de liberación inmediata y respuesta institucional
En su intervención, el director general de la Policía Nacional insistió en la exigencia de la liberación inmediata de los oficiales secuestrados. Este secuestro, según Triana Beltrán, no solo afecta la moral de las instituciones de seguridad, sino que también socava los esfuerzos de paz y reconciliación en Colombia, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos derivados del proceso de paz con el ELN.
Análisis general:
El secuestro de los dos uniformados en Arauca representa no solo un acto de violencia dirigido contra las fuerzas de seguridad del Estado, sino también una amenaza directa a la paz y la justicia en Colombia. El ELN, al secuestrar a estos oficiales, está desafiando los esfuerzos por proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, quienes se encuentran en situaciones de alto riesgo debido a su trabajo.
El llamado a la comunidad internacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refleja la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada para presionar por la liberación de los secuestrados. La situación en Arauca subraya, además, la importancia de garantizar la protección de los oficiales que trabajan en investigaciones de crímenes contra la paz social y la protección de los derechos humanos, elementos clave para la estabilidad de cualquier sociedad democrática.
Este caso resalta la continua lucha contra los grupos armados ilegales en Colombia, particularmente en zonas estratégicas como Arauca, donde la seguridad sigue siendo un desafío crítico. Las autoridades deben seguir fortaleciendo la cooperación y las estrategias de seguridad para garantizar la liberación de los secuestrados y el restablecimiento del orden en la región.
