Bogotá, junio de 2025 – El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, respondió con firmeza a las críticas recibidas tras un acto realizado en Medellín, donde compartió escenario con exjefes de estructuras armadas urbanas. Según él, la controversia no surgió por el evento en sí, sino por la cobertura de algunos medios.
🎥 Argumento central: el papel de la prensa y la “extrema derecha”
Petro aseguró que la prensa se lanzó en masa a criticar el acto y que impulsó una narrativa alineada con la extrema derecha, minimizando los mensajes que él consideraba “directos y explícitos” durante el evento. De acuerdo con el presidente, esa cobertura buscó desprestigiar la movilización pacífica y el llenado de la plaza La Alpujarra, obviando el propósito de reducir la violencia urbana.
🧑⚖️ ¿Quiénes participaron y por qué generó polémica?
En el evento, fueron visibles exlíderes de estructuras criminales urbanas, trasladados desde la cárcel de Itagüí. El gesto generó incertidumbre entre diversos sectores: muchos vieron una acción de inclusión y reconciliación en el marco del programa de “Paz Urbana”, mientras que otros lo consideraron una legitimación pública de quienes atemorizaron al Valle de Aburrá durante años.
🗣️ Reacciones de rechazo desde autoridades locales y congresistas
La Asociación de Capitales Departamentales emitió un comunicado rechazando la presencia de estos excriminales en un acto presidencial, argumentando que erosionaba la confianza en las instituciones y en la justicia.
Políticos de oposición criticaron el acto como un respaldo implícito a estructuras criminales, afirmando que el Gobierno estaba entregando beneficios judiciales a líderes de bandas.
Incluso la Defensoría del Pueblo indicó que presentar públicamente a estos internos sin un marco transparente de justicia restaurativa resultaba inaceptable. Petro respondió que el acto representaba un avance en la rehabilitación de quienes ya están en proceso judicial.
⚖️ Justificación presidencial: “personas en rehabilitación”
En Consejo de Ministros, el presidente defendió su decisión, explicando que los participantes eran “personas en rehabilitación” al estar involucrados en procesos penales. Según él, esto no los coloca fuera de la ley, sino que es una transición hacia la reconciliación urbana y el fin de la violencia en barrios.
📌 Implicaciones políticas e institucionales
Esta controversia resalta dilemas profundos:
| Aspecto | Debate generado |
|---|---|
| Legitimidad estatal | ¿Se valida moralmente a actores criminales al colocarlos en escenarios oficiales? |
| Cobertura mediática | ¿Los medios amplifican ruidos políticos para polarizar al país? |
| Proceso de paz urbana | ¿Está claro el marco legal y la transparencia del proceso para las víctimas y la ciudadanía? |
Petro sostiene que los medios no han permitido entender los mensajes de paz y reconciliación, concentrándose en lo que “les disgustó”.
¿Qué sigue en la agenda nacional?
Se espera que el Gobierno insista en presentar el concepto de “paz urbana” con actos simbólicos complementarios redactados con claridad jurídica.
La prensa seguirá bajo observación, acusada de amplificar la discordia en lugar de profundizar en los contenidos del acto.
Se espera un contrapunteo público entre la narrativa oficial y la percepción crítica de la oposición y organismos institucionales.
Conclusión:
El conflicto no solo versa sobre la política de paz urbana, sino que pone en evidencia la tensión entre comunicación institucional y prensa, y cómo una estrategia de reconciliación puede convertirse en un campo de batalla simbólico. La controversia seguirá, y la forma en que se cuenten los hechos será tan decisiva como los hechos mismos.