Bogotá, 2 de mayo de 2025 — La coyuntura política en Colombia se intensifica luego de que el presidente Gustavo Petro oficializara su intención de convocar una consulta popular para revivir su reforma laboral y otros proyectos estratégicos, rechazados previamente por el Congreso. El anuncio, hecho durante una masiva manifestación del Día del Trabajo en la Plaza de Bolívar, ha despertado una ola de reacciones desde diferentes sectores políticos y jurídicos.

Petro lanza oficialmente su consulta popular

Durante su intervención en la marcha del 1 de mayo, el presidente presentó las 12 preguntas que componen la consulta popular. Los temas abarcan desde la formalización del trabajo informal, la reducción de la jornada laboral, el respeto a los derechos de personas con discapacidad, hasta la regulación de contratos laborales y garantías sindicales. El objetivo, según el mandatario, es permitir que el pueblo decida directamente sobre aspectos que han sido bloqueados por el Congreso.

Petro afirmó que el Congreso ha impedido el avance de reformas fundamentales para la justicia social y, en un tono retador, advirtió que si el Legislativo se opone a la consulta, “el pueblo se levantará y los revocará”. Con la espada de Bolívar en alto y rodeado de simpatizantes, el presidente evocó el espíritu revolucionario como símbolo de defensa del mandato popular.

Congreso advierte límites constitucionales

La reacción del Congreso no se hizo esperar. El secretario general del Senado, Diego González, emitió una advertencia categórica: si el Senado rechaza el proyecto de convocatoria, el presidente no podrá expedir el decreto para hacer efectiva la consulta. Esta posición se sustenta en lo estipulado por la Ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación ciudadana. La norma establece que, si el Congreso se pronuncia negativamente en el plazo de 30 días, la iniciativa no podrá continuar por vía ejecutiva.

En este contexto, los juristas y analistas políticos han comenzado a debatir sobre el alcance del poder presidencial y los riesgos de un eventual choque institucional entre Ejecutivo y Legislativo. Algunos consideran que el presidente busca utilizar la consulta como una forma de presión política, mientras otros lo interpretan como un ejercicio legítimo de democracia participativa.

Un choque de legitimidades

El fondo del debate no es solo jurídico, sino profundamente político. Petro argumenta que, como presidente electo con amplia votación popular, tiene el deber de buscar los caminos necesarios para cumplir su programa de gobierno. Sin embargo, el Congreso sostiene su papel como poder independiente que también representa la voluntad del pueblo, expresada en múltiples corrientes políticas.

La tensión entre gobernabilidad y controles institucionales ha alcanzado un punto álgido, especialmente ante la posibilidad de que el presidente convoque la consulta por decreto si el Congreso no se pronuncia. La opinión pública se mantiene dividida: por un lado, están quienes apoyan la consulta como mecanismo de participación directa; por el otro, están quienes temen una posible erosión del sistema de pesos y contrapesos constitucionales.

¿Y ahora qué sigue?

El Congreso tiene 30 días para decidir si aprueba o rechaza la consulta popular. Si guarda silencio, el Gobierno podría emitir el decreto por sí mismo. Sin embargo, un pronunciamiento negativo cerraría esa puerta, obligando al Ejecutivo a buscar otros caminos, como una recolección de firmas ciudadanas, que implicaría más tiempo y recursos.

En paralelo, la controversia se intensifica en las calles, en los medios y en redes sociales. Mientras tanto, los sectores empresariales, sindicales, organizaciones sociales y movimientos políticos comienzan a prepararse para un nuevo pulso electoral, esta vez con el pueblo como juez directo de las reformas estructurales más ambiciosas del actual Gobierno.

La pregunta clave es si esta apuesta del presidente servirá para legitimar su agenda o si, por el contrario, profundizará la polarización y el desgaste institucional. Lo cierto es que Colombia entra en una nueva etapa de confrontación política donde los equilibrios democráticos serán puestos a prueba.