BOGOTÁ, 7 de agosto de 2025.
En respuesta a la creciente preocupación por la participación de colombianos como mercenarios en conflictos internacionales, el presidente Gustavo Petro ha solicitado formalmente un mensaje de urgencia para acelerar el trámite del proyecto de ley contra el mercenarismo. La iniciativa, promovida por la Cancillería, se encamina ahora a superar su etapa en Comisión Segunda del Senado y avanzar con prioridad en el Congreso.
¿Qué implica el mensaje de urgencia?
Con esta solicitud, el Gobierno busca que la propuesta se tramite con celeridad. En lugar de avanzar a paso regular—como requiere una tramitación completa con varios debates—se espera que ahora acorte tiempos cruciales, reduciendo periodos entre debates y evitando dilaciones habituales en el Congreso.
Contexto y detonantes del impulso
La solicitud surge tras un hecho alarmante: la caída de un avión con al menos 40 colombianos que, según informes, estaban vinculados como mercenarios en Sudán. Ante este panorama, el Ejecutivo no solo condenó la militarización de ciudadanos, sino que cuestionó la legitimidad moral de quienes los envían a esos conflictos. Petro declaró que este fenómeno representa una forma de “trata de hombres convertidos en mercancías para matar”. Ante ello, instó a acelerar la aprobación de la ley y ordenó gestionar, vía diplomática, la confirmación de víctimas y la repatriación de cuerpos.
Alcances y puntos nodales del proyecto de ley
La iniciativa tiene un diseño integral y ambicioso. Entre sus elementos centrales están:
Tipificación del delito de mercenarismo, penalizando el reclutamiento, entrenamiento, uso y financiamiento de mercenarios.
Prevención del reclutamiento clandestino, especialmente de exmilitares o personas con formación militar.
Apoyo a veteranos, mediante programas de reintegración que ofrezcan alternativas dignas para evitar su vulnerabilidad ante redes de reclutamiento externo.
Cooperación internacional, facilitando extradiciones, colaboración en investigaciones y ejecución del Derecho Internacional Humanitario.
Protección institucional, fortaleciendo el marco legal para evitar que exmilitares se vean involucrados en conflictos bajo la etiqueta de mercenarios.
Editorial: una ley urgente para detener una deriva peligrosa
La llegada de colombianos a conflictos ajenos no puede seguir siendo ignorada ni tolerada. Este proyecto de ley no es un mero trámite técnico: es un efecto ético de Estado. El mensaje de urgencia refleja que esta ley debe convertirse en un mandato político, legal y moral.
Colombia, reconocida por su legado militar, no puede permitir que exsoldados devengan en actores de guerras internacionales que desangran países sin relación ni pertenencia. El Estado tiene la obligación de protegerlos y ofrecerles salidas dignas, no dejarlos expuestos a redes inescrupulosas que se lucran con la guerra.
Conclusión
Al plantear el mensaje de urgencia, el Gobierno hace más que acelerar un proyecto: lanza una señal política contundente. Frente a una crisis internacional de participación indebida en conflictos armados, Colombia decide actuar rápido y con determinación. El Congreso está en el centro del desafío: aprobar una norma que frene el mercenarismo y refresque el compromiso del país con la paz, la justicia y sus ciudadanos más vulnerables.