Bogotá D.C., 20 de mayo de 2025 — Un nuevo capítulo de tensión política sacude al país. La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en su calidad de Ministro Delegatario, y contra los 18 ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro, por la presunta comisión de los delitos de Prevaricato por Acción y Abuso de Función Pública, en relación con la más reciente solicitud de convocatoria a Consulta Popular de carácter nacional.
📜 La denuncia: 19 ministros señalados por firmar una solicitud sin facultad legal
De acuerdo con el documento presentado por la congresista, la solicitud de concepto favorable radicada el 19 de mayo de 2025 ante la Secretaría del Senado para convocar a una Consulta Popular, fue suscrita por el Ministro Delegatario Guillermo Jaramillo y los demás ministros del Gobierno Nacional, sin contar con la competencia constitucional para ello.
La senadora afirma que los decretos de delegación expedidos por el presidente Gustavo Petro, específicamente los Decretos 506 y 528 de 2025, no transfirieron expresamente la facultad para promover una consulta popular, una atribución reservada de manera exclusiva al Presidente de la República de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución Política y las Leyes Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.
⚖️ Prevaricato y abuso de función: los delitos que sustenta la denuncia
Según la argumentación jurídica de Holguín, al haber actuado fuera del marco de la delegación otorgada, los ministros firmaron un documento que sería manifiestamente contrario a derecho, incurriendo así en el delito de Prevaricato por Acción, contemplado en el artículo 413 del Código Penal, y en el de Abuso de Función Pública, establecido en el artículo 428.
La denuncia indica que:
“El documento extendido bajo estas particulares circunstancias es manifiestamente contrario a derecho, lo que permitiría afirmar que con el mismo acto todos los denunciados infringieron la normatividad penal”.
🧾 La naturaleza de la denuncia: fondo constitucional
La senadora subraya que solo el Presidente de la República puede promover consultas populares a nivel nacional, y para que otro funcionario lo haga en su nombre, es indispensable que esa competencia haya sido delegada expresamente. Como no ocurrió así en los decretos de delegación citados, cualquier actuación en ese sentido sería jurídicamente inválida.
En la solicitud presentada al Senado, el propio texto remitido por los ministros reconoce que es el Presidente, con la firma de todos sus ministros y el concepto favorable del Senado, quien puede consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La ausencia de la firma del Presidente y la falta de delegación explícita para ejercer esa función, convierten el acto en inconstitucional y penalmente reprochable, según Holguín.
📩 Comunicación a la Procuraduría
Además de la acción penal ante la Fiscalía General de la Nación, la denuncia también fue enviada a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones disciplinarias correspondientes contra los funcionarios involucrados. La senadora solicitó que se analice la responsabilidad administrativa por presunta extralimitación en el ejercicio de funciones públicas.
🗳️ La Consulta Popular que agita el tablero político
El documento en cuestión está vinculado a la iniciativa de realizar una nueva Consulta Popular promovida por el Gobierno Nacional, luego del hundimiento de la anterior propuesta en el Congreso. Esta nueva consulta incluye una serie de preguntas relacionadas con temas laborales, de salud, licencias, derechos y jornada laboral, que serían sometidas a votación popular tras obtener concepto favorable del Senado.
No obstante, la denuncia de Holguín plantea que la forma como fue presentada esta iniciativa configura una grave violación de los principios constitucionales, administrativos y penales que rigen la función pública.
💬 Declaraciones de la senadora
Al presentar la denuncia, Paola Holguín afirmó:
“No se puede permitir que los altos funcionarios del Estado actúen por fuera de la Constitución, menos aún para imponer mecanismos que pretenden sustituir el debate democrático del Congreso. Aquí se ha cometido un abuso inaceptable del poder, y la justicia debe intervenir”.
🔍 Lo que sigue
Con esta acción judicial, el debate sobre la legalidad de la nueva Consulta Popular entra en el terreno penal y disciplinario. La Fiscalía deberá determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal, y la Procuraduría deberá pronunciarse sobre la conducta de los ministros implicados.
En medio de un ambiente político caldeado, esta denuncia marca un punto de inflexión en la confrontación entre sectores del Congreso y el Ejecutivo, y podría tener repercusiones institucionales de alto impacto.
Paola Holguín ha dejado claro que no se trata de un simple acto político, sino de una defensa de la legalidad constitucional y del orden institucional en Colombia. La consulta popular, aún sin aprobarse, ya se convierte en el epicentro de un nuevo choque de poderes.