En medio del proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de presunta manipulación de testigos, la senadora Paola Holguín alzó su voz para reiterar su respaldo total al exmandatario. En una intervención pública, cargada de convicción política, Holguín aseguró que Uribe es inocente y víctima de un montaje judicial que ha sido expuesto ante los ojos del país y del mundo.

Este tipo de respaldo público no solo busca reforzar la imagen de Uribe entre sus simpatizantes, sino también influir en la percepción general del proceso, en un momento clave donde la narrativa del juicio se juega tanto en los tribunales como en la opinión pública.

“Nosotros estamos hoy aquí para decirle al presidente Uribe, y a los colombianos que confiamos en él, que confiamos en su verdad, que sabemos de su inocencia”, expresó Holguín. Para la senadora, la apertura pública del juicio ha sido un punto de inflexión, ya que ha permitido que “la comunidad internacional y cada uno de los colombianos conozca de primera mano el montaje”.

Estas palabras subrayan una estrategia comunicativa centrada en deslegitimar el proceso judicial mediante el concepto del “montaje”, una narrativa reiterada por el uribismo desde el inicio del caso. Holguín recurre a la figura de la transparencia (juicio público) como aliada de la inocencia, implicando que el conocimiento del proceso revelará la supuesta falsedad de las acusaciones.

Holguín también lanzó una grave acusación: “Se entere [la gente] de quiénes en realidad eran los que iban a las cárceles a manipular víctimas y a buscar que testificaran contra el presidente y su hermana”. En este fragmento sugiere que el verdadero intento de manipulación provino del sector contrario al expresidente, lo que invierte completamente el sentido de los cargos que se le imputan.

La estrategia discursiva aquí es clara: reencuadrar el papel de Uribe de acusado a víctima. Se posiciona la acusación como parte de una guerra política más amplia, donde las cárceles se convierten en escenario de manipulación por parte de actores no identificados pero sugerentemente adversarios. La inclusión de su hermana busca humanizar el caso y expandir la imagen de persecución a su círculo familiar.

El juicio a Álvaro Uribe no es un evento aislado. Ha polarizado profundamente a la sociedad colombiana, y este tipo de intervenciones, como la de Holguín, alimentan esa polarización al reforzar la idea de que la justicia está contaminada por intereses políticos. El respaldo a Uribe, más allá del ámbito jurídico, se convierte en una bandera ideológica de sectores que consideran que el sistema judicial está siendo instrumentalizado.

La defensa de Holguín ilustra cómo el caso Uribe se ha convertido en un termómetro de la salud institucional de Colombia. La confianza o desconfianza en la justicia no solo afecta al expresidente, sino que también erosiona o fortalece el tejido democrático dependiendo del resultado final y de la percepción que de él se tenga.

Con el juicio en pleno desarrollo, la sociedad colombiana permanece dividida. Para unos, Uribe debe responder ante la justicia como cualquier ciudadano. Para otros, como Holguín, es víctima de un entramado político y judicial injusto. En cualquier caso, lo que está en juego es mucho más que la suerte de un expresidente: es la credibilidad misma de las instituciones.

El caso se ha convertido en un espejo del país: refleja su fractura política, sus dilemas institucionales y su lucha por definir los límites entre justicia y poder. Lo que se decida en los estrados resonará por años en la historia reciente de Colombia.