En medio de una creciente tensión política y económica, el Gobierno Nacional insiste en avanzar con una consulta que, bajo el discurso de la reivindicación laboral, podría desatar una crisis sin precedentes en el empleo formal del país. La iniciativa de modificar el régimen de recargos nocturnos, junto con otros cambios incluidos en esta supuesta “reforma participativa”, no solo desconoce la realidad empresarial de Colombia, sino que amenaza directamente la estabilidad económica de miles de familias.
Una narrativa populista que oculta una profunda amenaza
Desde el oficialismo se ha planteado que esta consulta es una forma de devolverle dignidad al trabajo. Sin embargo, detrás del lenguaje emotivo se esconde una estrategia populista que presiona al sistema productivo nacional y pone en peligro el sustento de millones de colombianos. Es importante señalar que no se trata de oponerse al progreso en derechos laborales, sino de cuestionar la viabilidad y el momento en que se pretende implementar medidas que, lejos de resolver, agravan los problemas estructurales del empleo.
Un ejemplo claro es la propuesta de modificar el horario en el que inicia el recargo nocturno, bajándolo de las 9:00 p.m. a las 6:00 p.m. Esta sola medida implica un aumento significativo en los costos operativos de las empresas que trabajan en turnos extendidos, en sectores como el comercio, la vigilancia, el transporte, los servicios médicos, el turismo, la manufactura, entre muchos otros. Estos sobrecostos deberán ser absorbidos por empresas que, en su mayoría, ya operan con limitados márgenes de ganancia y enfrentan serios desafíos financieros.
El país real: informalidad, desempleo y microempresas
El diseño de políticas laborales debe hacerse con pleno conocimiento de la estructura económica nacional. Colombia no es un país de grandes corporaciones con músculo financiero para asumir aumentos súbitos en los costos laborales. El 85% de las empresas formales son micronegocios que apenas subsisten. La informalidad ronda el 57%, lo que significa que más de la mitad de la fuerza laboral ya está por fuera del sistema de protección laboral, sin estabilidad, sin seguridad social, sin garantías.
En ese contexto, imponer nuevas cargas a los empresarios formales podría tener un efecto inverso al deseado: forzarlos a despedir trabajadores, cerrar operaciones o, en el mejor de los casos, migrar a la informalidad para sobrevivir. Es decir, lo que se vende como un avance en derechos podría terminar profundizando la precariedad del trabajo en Colombia.
El impacto proyectado: más desempleo, menos crecimiento
Según proyecciones basadas en el comportamiento de la economía y del mercado laboral, los sobrecostos derivados de esta consulta —especialmente los relacionados con los recargos y las condiciones contractuales— podrían traducirse en la pérdida de más de 450.000 empleos. Esto representa 450.000 familias sin ingresos, un aumento en la pobreza y una presión aún mayor sobre los sistemas de asistencia del Estado.
Y esto sin contar con las consecuencias indirectas: menor inversión nacional y extranjera, menor competitividad frente a países vecinos, desestímulo a la creación de nuevas empresas y ralentización del crecimiento económico. En otras palabras, una medida que se presenta como justa y progresista podría tener efectos regresivos y profundamente dañinos para la economía nacional.
¿Dónde quedó el diálogo técnico y el consenso?
La manera como el Gobierno ha promovido esta consulta demuestra una preocupante falta de diálogo técnico. En lugar de abrir mesas serias de concertación con todos los sectores —empresarios, sindicatos, académicos y expertos en política laboral—, se ha optado por lanzar una propuesta de alto contenido simbólico, sin ofrecer un estudio de impacto, sin compensaciones claras, y sin alternativas viables para los sectores más golpeados.
Mientras tanto, se desprecia el trabajo ya realizado por otros actores políticos. Vale la pena recordar que desde el Congreso se promovió, con apoyo multipartidista, una reducción progresiva de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, precisamente como una forma responsable de avanzar en derechos sin destruir empleo. Esa fue una medida que reflejó equilibrio, diálogo y sostenibilidad.
El gobierno no puede gobernar con consignas
Gobernar es tomar decisiones con responsabilidad, no simplemente impulsar iniciativas populares para ganar aplausos fáciles o desviar la atención de problemas de fondo. Las cifras del desempleo y la informalidad no se borran con discursos. Las empresas no se sostienen con ideología. Y los trabajadores no comen de promesas.
Por eso, es momento de hablar con franqueza: esta consulta, tal como está planteada, es un riesgo mayúsculo para el empleo, la productividad y la estabilidad económica del país. No se puede seguir ignorando las advertencias de expertos, gremios y sectores independientes que han alertado sobre el impacto de estas medidas.
¿Qué se propone entonces?
Lo que Colombia necesita es una verdadera reforma laboral, pero una que se base en estudios técnicos, diálogo social y una implementación gradual. Una reforma que promueva la formalización, que incentive el empleo juvenil, que fortalezca la seguridad social y que proteja al trabajador sin destruir al empleador. Cualquier intento de cambiar las reglas de juego laborales debe ir acompañado de medidas que fortalezcan a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, que son la base del empleo en el país.
Mientras eso no ocurra, cualquier reforma laboral que no reconozca la realidad económica del país será no solo inviable, sino profundamente injusta con aquellos que pretende beneficiar.