Bogotá, 30 de agosto de 2025.
En medio del clima político, una polémica resolución firmada por la cúpula de la Fiscalía ha encendido alarmas internas. Denominada ya como “Operación Impunidad”, esta decisión reincorpora y redistribuye expedientes de alto impacto vinculados a figuras del Gobierno, lo que podría comprometer su avance y generar impunidad.

Resolución 0101: más que una reorganización

La medida delegada por la Fiscalía —conocida como Resolución 0101— faculta a la fiscal general para reasignar investigaciones entre despachos regionales. Si bien se argumenta que forma parte de una “regionalización” que busca equilibrar cargas de trabajo, en la práctica implica desplazar a fiscales que conocen a profundidad cada caso y sustituirlos por funcionarios con menos experiencia.

Expedientes en riesgo

Entre los casos afectados por esta redistribución se encuentran:

• La investigación contra la exjefa de gabinete, Andrea Sarabia.

• Procesos abiertos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, vinculados a la campaña presidencial de 2022.

• Las anomalías en las interceptaciones ilegales y el uso arbitrario de polígrafos contra Marelbys Meza.

• Las investigaciones contra Armando Benedetti, ministro del Interior, y otros funcionarios relacionados con escándalos de seguridad y filtraciones ilegales.

Fuentes internas advierten que varios de estos procesos estaban próximos a avanzar a fases decisivas y ahora podrían dilatarse hasta “prescribirse”.

Doble interpretación del movimiento judicial

• Una versión oficial sostiene que la readecuación busca mejorar la gestión territorial y fortalecer la Fiscalía en regiones, así como racionalizar carga de trabajo.

• Críticas internas y externas lo interpretan como una estrategia para paralizar, diluir o incluso enterrar procesos que involucran a personas del entorno del Gobierno. Los fiscales expresaron preocupación por el debilitamiento de la independencia judicial.

Impacto en la institucionalidad

Voces dentro de la entidad temen que esta reorganización acabe desmotivando a investigadores y fomente la impunidad estructural. Advierten que, además de socavar el avance de casos emblemáticos, se corre el riesgo de dañar la confianza ciudadana en la Fiscalía como garante de la justicia.

Conclusión

La resolución de la Fiscalía ha transformado lo que podría justificarse como una política administrativa en una crisis política y judicial. Bajo la sombra de la “Operación Impunidad”, muchos procesos clave contra figuras del Gobierno Petro atraviesan hoy su momento más crítico. El país observa con atención si realmente se trata de una reforma organica o de una cortina de humo para impedir el castigo por corrupción.