Bogotá — En los últimos días ha surgido una nueva polémica política que involucra al presidente Gustavo Petro y al recientemente suspendido Ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián. Aparentemente, se ha reactivado la presentación de la hoja de vida de Florián como candidato a la cartera, lo que varios sectores interpretan como un intento de evadir las disposiciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había suspendido su nombramiento por presunto incumplimiento en normas de paridad de género.
🔍 ¿Qué se denuncia?
Que a pesar de que el Tribunal ordenó detener los efectos del nombramiento de Juan Carlos Florián, sigue circulando públicamente su hoja de vida como si el nombramiento estuviera vigente.
Que ese acto podría interpretarse como una estrategia de continuidad política o mediática, para mantener su perfil activo mientras se tramita el fallo definitivo.
Que este tipo de acciones podrían debilitar la autoridad judicial si se interpreta que se le hace caso omiso a sus decisiones.
⚖️ Contexto legal
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente el efecto del decreto que nombró a Florián como Ministro de Igualdad, debido a denuncias de que el reglamento de paridad de género no se habría cumplido en la composición del gabinete.
Existen leyes nacionales que exigen que los puestos de alto nivel del ejecutivo cumplan cuotas de género, lo que obliga que al menos el 50 % de ministerios y cargos de máxima dirección sean ocupados por mujeres.
La defensa del Gobierno ha argumentado que con otros nombramientos complementarios se cumpliría la proporción exigida o que ciertos criterios identitarios de género de Florián también deberían tenerse en cuenta.
💬 Reacciones
Sectores ciudadanos, mujeres líderes y organizaciones defensoras de género han expresado rechazo ante lo que consideran una maniobra de “interpretación flexible de la ley para mantener nombramientos contradictorios.”
Voces de la oposición advierten que esta situación puede sentar un precedente peligroso: que se presenten hojas de vida o se promuevan cargos antes de que las decisiones judiciales sean cumplidas.
Desde el Ejecutivo se vive con cautela la tensión institucional, pues existe preocupación por la imagen de legalidad y respeto al Estado de derecho.
🧭 Riesgos e implicaciones
Deslegitimación institucional: Si parece que las decisiones judiciales no se respetan o se “eluden”, la confianza ciudadana en la justicia y en los controles legales se debilita.
Conflicto entre poderes: La separación de poderes se pone en el centro, con la Rama Judicial exigiendo cumplimiento de sus fallos, y el Ejecutivo bajo presión para mostrar que los respeta.
Marca institucional de género y paridad: Colombia ha avanzado en normas sobre igualdad; maniobras regulatorias o políticas para esquivar esas normas pueden generar retrocesos simbólicos y prácticos.
Precedente político: Otros cargos podrían verse tentados a repetir este tipo de acciones si consideran que no hay consecuencias reales.
✅ Reflexión final
El respeto a las decisiones judiciales es piedra angular de cualquier democracia. Lo que se juega no es solo el nombramiento de una persona, sino la credibilidad de las normas, del Estado de derecho, de la igualdad ante la ley. Mantener una hoja de vida circulando luego de una suspensión judicial no es un detalle menor: puede ser percibido como una falta de respeto a la institucionalidad, y eso tiene costos políticos, sociales y simbólicos.