Bogotá, junio de 2025. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que la Fiscalía está revisando la propuesta planteada por el presidente Gustavo Petro en Medellín. Durante su intervención, Petro invitó a la Fiscalía—including a la propia Camargo—a visitar la cárcel de Itagüí para evaluar las posibilidades jurídicas de otorgar beneficios legales a los jefes de bandas criminales que entreguen sus armas y acepten plenamente la justicia.
🧭 ¿En qué consiste la propuesta?
Visita institucional conjunta: Petro se ofreció a acompañar personalmente a la Fiscal Camargo hasta la cárcel, con el propósito de “examinar bajo normas legales existentes las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa de armas, asesinato, extorsión y reclutamiento”.
Marco legal actual: El presidente señaló que, de ser necesario, se recurre a la “presión popular” para impulsar una nueva ley que respalde dichos beneficios, aunque inicialmente aposta por usar los mecanismos ya establecidos.
🔎 Posición de la Fiscalía
La titular de la Fiscalía aseguró que están “examinando esa petición”, recalcando que su participación sería relevante para garantizar que cualquier proceso de sometimiento incluya “reconocimiento de las conductas punibles” y permita “desmantelar estructuras criminales desde adentro”.
Confirmó que están coordinando con el Ministerio de Justicia y la Oficina del Comisionado para la Paz para definir los detalles operativos y jurídicos de la visita.
🌐 Contexto del anuncio
La propuesta de Petro llega en medio de avances en su estrategia de “paz urbana” en Medellín, un proceso que ha contado con la presencia pública de jefes de bandas presas en Itagüí. El mandatario explicó que esta modalidad busca consolidar reducciones sostenibles de homicidios, extorsiones y reclutamiento juvenil en barrios críticos.
🧩 Factores críticos y desafíos
Independencia judicial: Una de las preguntas más relevantes es si la Fiscalía podrá mantener plena autonomía frente a una propuesta con alta exposición mediática y política.
Marco jurídico vigente: Aunque se mencionan normas existentes, los expertos indican que podrían requerirse ajustes legales para evitar ambigüedades o retos constitucionales.
Viabilidad y legitimidad: La expectativa recae en definir si los beneficios podrían otorgarse a figuras ya condenadas y cómo se garantizaría la reparación a las víctimas.
📌 Próximos pasos
Calendarización de la visita conjunta al penal de Itagüí.
Conformación de mesas interinstitucionales con Fiscalía, Justicia y Paz para estructurar un protocolo claro.
Evaluación legal para ajustar o reforzar el marco jurídico que respalde el proceso.
Transparencia y seguimiento: la ciudadanía y actores sociales pedirán claridad sobre quiénes se beneficiarían y bajo qué condiciones.
Conclusión:
La iniciativa representa un punto álgido en la estrategia de paz urbana del Gobierno. Si bien podría significar un avance notable en la desmovilización de bandas criminales, también enfrenta un examen riguroso desde lo jurídico, institucional y ético. El resultado de esta exploración determinará si el proceso logra legitimar la participación criminal en busca de reconciliación o si refuerza la desconfianza en una justicia con beneficios atados a la impunidad.