Bogotá, julio de 2025. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia condenatoria contra David Emilio Mosquera Valencia, exgobernador encargado del departamento del Chocó. El fallo establece una pena de 92 meses de prisión (7 años y 8 meses) por el delito de peculado por apropiación agravado a favor de terceros, además de una fuerte multa y sanciones adicionales.
📋 ¿Qué determinó la Corte?
Las irregularidades ocurrieron en 2002, cuando Mosquera emitió dos resoluciones —0715 y 2003— para ordenar pagos por prestaciones sociales a 50 personas, que en realidad no tenían relación laboral ni estaban vinculadas a la Gobernación.
Estos pagos, por un monto de más de 2.200 millones de pesos, fueron autorizados sin disponibilidad presupuestal, sin soporte legal y en trámites viciados.
Aunque se presentaban como obligaciones judicializadas, se estableció que se carecía de respaldo de reclamo administrativo, presupuesto y base legal, evidenciando una intención de beneficio indebido.
🏛️ Consecuencias judiciales y administrativas
Pena de prisión: 92 meses sin posibilidad de prisión domiciliaria.
Multa económica: El condenado deberá pagar una cifra equivalente a 4.444,88 salarios mínimos legales mensuales.
Inhabilitación: Prohibición por igual tiempo para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.
Detención inmediata: Una orden de captura fue emitida en cuanto la sentencia sea ejecutoriada.
❗ Contexto y relevancia
Mosquera fue capturado en noviembre de 2024 por la Fiscalía, mientras se desempeñaba como rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, bajo investigación por corrupción.
El fallo ratifica una línea dura de la Corte Suprema contra la malversación de recursos públicos: no se toleran actos que desvíen fondos destinados a la población vulnerable.
🧭 Significado
Esta condena se suma a una serie de casos de corrupción en el Chocó, un departamento históricamente golpeado por el nepotismo y el desvío de recursos públicos.
Refuerza la presión institucional para mejorar los controles administrativos, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos lleguen a quienes los necesitan.