Bogotá, junio de 2025.
Catorce exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP rindieron versiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macrocaso 10, centrado en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. En sus testimonios, confesaron su autoría en atentados con cohetes contra el entonces presidente Álvaro Uribe en 2002, vinculándose también con el envío del libro bomba a Germán Vargas Lleras en 2002, y la colocación de un carro bomba en 2005 que le causó lesiones.
🧨 Reconocimiento de hechos atroces
Los excombatientes reconocieron haber sido parte de una célula urbana —la Red Urbana Antonio Nariño— responsable de múltiples actos violentos:
Atentado con cohetes en la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en agosto de 2002.
Envío del libro bomba a Germán Vargas Lleras en diciembre de 2002.
Carro bomba en las afueras de Caracol Radio en octubre de 2005, que dejó varios heridos.
Instalación de una bicicleta bomba en el barrio Fátima, en Bogotá, que causó muertes y decenas de heridos.
Masacres y homicidios a policías y civiles en diversas partes de Cundinamarca.
👥 Quienes rindieron versión
Entre los comparecientes se encontraban dos exmiembros del Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri (alias “Timochenko”) y Julián Gallo Cubillos (alias “Carlos Antonio Lozada”), así como líderes de varios frentes del Bloque Oriental. Su presencia personal elevó el impacto simbólico de la audiencia.
📅 Desarrollo de las diligencias
Las audiencias se llevaron a cabo entre el 19 y el 28 de mayo, en Bogotá, y contaron con la participación virtual de 66 víctimas que tuvieron la oportunidad de formular preguntas a los comparecientes a través de representantes legales. Todo el proceso está bajo reserva para proteger a las víctimas.
🔍 Qué sigue en el proceso
Convocatoria de versiones adicionales a excombatientes de otras regiones entre julio y agosto.
Recepción de observaciones de las víctimas a las versiones presentadas.
Contradicción de testimonios con informes de la Fiscalía y organizaciones sociales.
Evaluación final para determinar responsabilidades individuales y posibles sanciones dentro del marco de justicia transicional.
🧭 Significado institucional y social
Este reconocimiento público favorece la verdad, establece responsabilidades claras y permite avanzar en la reparación simbólica y material a víctimas del conflicto. En una fase crucial del proceso de paz, estas versiones reafirman el compromiso con una justicia basada en el conocimiento riguroso del pasado, la voluntad de sanción y la confianza en que ninguna voz, por poderosa que haya sido, quede sin responder.