Managua, julio de 2025.
Un crimen atroz ha sacudido a Nicaragua y generado indignación internacional. Una niña de 12 años, identificada como Ashley Martínez García, fue asesinada en circunstancias que evidencian vulneraciones graves a su seguridad en el entorno familiar. Tras un proceso judicial acelerado, tres hombres fueron hallados responsables y condenados a la pena máxima prevista en la legislación nicaragüense.
La investigación
De acuerdo con el proceso penal, uno de los responsables, identificado como Fernando Luján Romero Espinales, ideó el crimen y coordinó su ejecución. Para ello, contó con la complicidad de Francisco Javier Martínez Moreno, familiar de la víctima, y de Jorge Antonio Martínez Jirón, también parte del núcleo cercano.
La Fiscalía demostró que la niña fue sacada de su hogar con engaños el 22 de julio de 2025 y trasladada a un lugar donde posteriormente fue agredida. El informe forense confirmó que la menor murió como consecuencia de trauma craneoencefálico severo, producto de un ataque violento.
Su cuerpo fue encontrado el 24 de julio, a unos 200 metros de su vivienda, tras una intensa búsqueda liderada por familiares y vecinos.
El fallo judicial
Durante la audiencia, los acusados reconocieron su responsabilidad. El tribunal les impuso la pena máxima de 30 años de prisión, lo que representa la sanción más alta dentro del marco legal del país.
Esta decisión busca no solo castigar a los culpables, sino enviar un mensaje contundente frente a los crímenes contra menores de edad, un fenómeno que preocupa a nivel regional por sus implicaciones sociales y de seguridad.
Reacciones sociales
La familia de Ashley, devastada, ha exigido justicia ejemplar y medidas que eviten que hechos similares se repitan. Vecinos de la menor la recordaron como una niña alegre, responsable y cariñosa.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de protección infantil han señalado que este caso refleja la necesidad urgente de fortalecer las redes de protección de la niñez, garantizar acompañamiento comunitario y reforzar los protocolos de prevención y denuncia temprana.
Reflexión final
El asesinato de Ashley no es solo una tragedia familiar: es un símbolo del reto estructural que enfrentan los países de la región en materia de protección de la infancia. La condena impuesta marca un precedente judicial, pero también plantea la exigencia de construir entornos más seguros donde la niñez no sea vulnerada, especialmente dentro del círculo más cercano.