El Consejo de Estado dictó una medida cautelar que suspende de manera inmediata los efectos del decreto presidencial que convocaba a una consulta popular sobre reformas estructurales, en especial la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. La decisión del alto tribunal se basa en que el Ejecutivo no cumplió con el requisito constitucional de contar con concepto previo favorable del Senado de la República, exigido para este tipo de iniciativas.
La medida implica la suspensión inmediata del proceso administrativo y logístico que había sido encomendado a la Registraduría Nacional. En consecuencia, no se podrá avanzar en convocatorias, cronogramas ni campañas hasta que el tribunal tome una decisión definitiva de fondo sobre la validez legal del decreto.
Reacciones y tensiones institucionales
El pronunciamiento generó una ola de reacciones. Desde sectores del Congreso se celebró como una garantía de la división de poderes, mientras que el Ejecutivo consideró que se trató de una interpretación restrictiva que ignora la voluntad popular. El presidente expresó que la iniciativa respondía a un estancamiento del debate democrático en el legislativo y que, aunque respeta la decisión judicial, insiste en que el pueblo debe ser quien decida sobre transformaciones profundas en el país.
En paralelo, otros actores políticos han señalado que la medida del Consejo de Estado restablece el equilibrio entre poderes y frena lo que consideran un uso indebido de mecanismos de participación para imponer reformas sin el trámite legislativo ordinario.
Debates de fondo en curso
Además de esta medida provisional, el decreto continúa siendo objeto de varias demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que alegan irregularidades tanto en la forma como en el fondo del proceso de convocatoria. El Consejo de Estado deberá evaluar si el decreto vulnera principios constitucionales, como el respeto por los procedimientos legislativos y la jerarquía normativa.
Implicaciones inmediatas
Parálisis del proceso: No se puede avanzar en ningún aspecto relacionado con la consulta hasta que se resuelva de fondo la legalidad del decreto.
Impacto político: Se agudiza la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, además de abrir un nuevo capítulo de confrontación jurídica.
Riesgo de precedentes: La decisión marcará una hoja de ruta sobre los límites del poder presidencial en el uso de consultas populares.
Lo que viene
El Consejo de Estado ahora se enfocará en resolver el fondo del asunto, es decir, determinar si el Gobierno actuó conforme al marco constitucional. Paralelamente, se revisarán otras demandas acumuladas que también buscan la nulidad del decreto. El proceso podría tardar semanas o meses, y mientras tanto, el país entra en una fase de incertidumbre política y jurídica.
Desde la Registraduría, se indicó que se acatará estrictamente la orden judicial, por lo cual no se avanzará con ninguna etapa del proceso de consulta hasta que haya claridad definitiva.