Bogotá, miércoles 16 de julio de 2025. El Consejo de Estado emitió este miércoles un pronunciamiento categórico contra el más reciente decreto expedido por el presidente Gustavo Petro, tildándolo de un ataque “alevoso” que desdibuja los límites del poder ejecutivo y amenaza el equilibrio institucional.
🧾 ¿Qué cuestiona el Consejo de Estado?
Excesiva concentración de poder
El decreto otorga facultades discrecionales sin control legislativo, permitiendo decisiones ejecutivas ignorando claridad en objetivos, procesos y responsabilidades.Por fuera de la Constitución
Los magistrados advierten que el decreto evade los límites definidos por la Carta Magna, invadiendo campos que corresponden únicamente al Congreso y excediendo competencias del Ejecutivo.Riesgo institucional
Esta acción podría sentar precedente para futuras intervenciones arbitrarias, erosionando la separación de poderes y reduciendo el contrapeso legislativo.
👥 Consecuencias visibles
Creciente tensión con el Congreso
Múltiples bancadas anunciaron salvamentos de voto, anunciando próximas acciones judiciales y un eventual recurso de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.Alarma en academia y expertos
Especialistas constitucionalistas calificaron el decreto como un desafío directo al orden jurídico y un retroceso hacia modelos de gobierno centralizados.Preocupación ciudadana
Organizaciones civiles y gremios manifestaron su rechazo, destacando el riesgo para la independencia de ramas estatales y la transparencia.
📌 Refuerzo del mensaje institucional
El Consejo no solo criticó el decreto, sino que emitió una fuerte advertencia: “Este tipo de acciones reinciden en el deterioro del régimen democrático y ponen en entredicho la legitimidad de todas las decisiones tomadas bajo su amparo”.
Además, el alto tribunal hizo un llamado explícito: el Congreso debe intervenir de inmediato para restablecer los límites constitucionales y evitar el atropello institucional.
🔍 ¿Qué sigue en este pulso institucional?
Veto político o judicial próximo: el Congreso evalúa emitir un acto legislativo para refrendar o detener el decreto.
Recurso de inconstitucionalidad: si procede, la Corte Constitucional decidirá sobre su validez jurídica.
Presión mediática y ciudadana: sigue en aumento la vigilancia pública, con expectativa por nuevas intervenciones de ONG y gremios defensores de la democracia.
🧭 Conclusión
El pronunciamiento del Consejo de Estado marca un fuerte choque institucional y un momento crítico para el equilibrio del poder en Colombia. La respuesta de la rama legislativa y judicial será determinante en los próximos días para reafirmar los límites democráticos y la legitimidad del sistema.