Cajicá, septiembre de 2025.
Un nuevo giro judicial sacude el caso de la pequeña Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down cuyo cuerpo fue encontrado en el río Frío tras 18 días de búsqueda. El abogado de la familia, Julián Quintana, presentó una denuncia contundente contra el Gimnasio Campestre Los Laureles, institución donde estudiaba la menor, señalándola por graves omisiones en su deber de cuidado.
Escuela en el centro del escándalo
Quintana denunció que el colegio, bajo la responsabilidad de la rectora y los empleados, alteró la escena del posible delito. Según indicó, se recolectaron pruebas como videos de seguridad y declaraciones que evidencian que Valeria estuvo “absolutamente sola” mientras entraba y salía del plantel, lo que él considera una falla imperdonable del sistema de vigilancia escolar.
Omisión e incumplimiento del deber de cuidado
El jurista advirtió que la institución falló en su deber de garante—establecido en el Código Penal—al no proteger a la menor dentro del colegio. “Esa omisión abrió una oportunidad para un tercero”, afirmó, sugiriendo que la negligencia institucional pudo facilitar un posible rapto.
Por estas razones, Quintana pidió a las autoridades no solo profundizar la investigación penal en contra del colegio, sino también ordenar su cierre inmediato, por considerar que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad para albergar a niños.
Fallas estructurales que alarman
A ello se suman preocupaciones adicionales:
El colegio estaría ubicado a apenas cinco metros del río Frío, cuando la normativa exige al menos una distancia de 50 metros por razones ambientales y de seguridad.
También se denunció que, tras el hallazgo del cuerpo, la institución habría alterado el terreno, usando cemento, tierra y rejas para ocultar evidencias en el lugar.
Implicaciones institucionales y judiciales
Con estas acusaciones, la familia busca no solo justicia para Valeria, sino resguardar a otros niños que puedan estar en riesgo bajo las mismas condiciones. El abogado informó que ha presentado este reclamo ante las autoridades educativas y la Fiscalía, demandando una investigación urgente y sanciones ejemplares.
Conclusión
La denuncia del abogado Quintana lanza una luz crítica sobre posibles fallas graves en la protección que deberían ofrecer las instituciones educativas. Se trata de una apelación a la responsabilidad social y legal de los colegios en asegurar que ningún niño esté solo o vulnerado dentro de su entorno escolar.