Bogotá, junio de 2025 – Varias capitales de departamento han emitido comunicados oficiales rechazando con firmeza la exhibición de jefes de combos delincuenciales durante una manifestación pública promovida por el Gobierno Nacional. El hecho ocurrió en Medellín, donde algunos de estos criminales, recluidos en la cárcel de Itagüí, ocuparon lugares visibles en el escenario durante un discurso del presidente.
🏛️ Manifestación institucional
La Asociación de Capitales Departamentales —órgano representativo de alcaldes principales del país— emitió una declaración conjunta en la que expresa su profunda preocupación. Según el texto, incluir a personas acusadas de dirigencias criminales en un evento oficial compromete la autoridad del Estado y debilita la confianza ciudadana, además de generar una sensación de impunidad y normalización de la violencia organizada.
El llamado fue claro: el Gobierno debe abstenerse de legitimar estas figuras y respetar tanto la posición de reclusión como los principios básicos del sistema penal.
🔐 Riesgos para la seguridad y el orden público
El pronunciamiento destacó que esta situación puede tener efectos negativos en la moral de las fuerzas del orden, al parecer que las bandas criminales pueden estar por fuera del alcance del Estado. Además, se señala que este tipo de actuaciones favorecen la polarización política y ponen en riesgo la gobernabilidad local, dado que pueden percibirse como incentivos a las estructuras criminales.
También se alertó sobre la seguridad presencial de los mandatarios locales asistentes, quienes podrían quedar expuestos o forzados a convivir con estas figuras en espacios públicos.
💬 Reacciones ante el hecho
Alcaldes y gobernadores, algunos de oposición, calificaron el incidente como una afrenta al concepto mismo de la democracia, al expresar que “este acto legitima a criminales ante la ciudadanía”.
Sectores de partidos políticos asumieron posiciones críticas, advirtiendo que el evento podría establecer un peligroso precedente: los criminales identificados públicamente podrían recibir apoyos tácitos o acceso a beneficios.
Analistas de seguridad señalaron que, además de la intimidación simbólica, esta situación complica el discurso de disuasión territorial y podría generar tensiones con las comunidades afectadas por sus acciones.
🔍 Preguntas que quedan en el aire
¿Quién autorizó la presencia de estos jefes en el escenario y bajo qué criterios?
¿Cuál era su rol o propósito durante el evento?
¿Qué compromisos, explícitos o implícitos, adquirió el Gobierno con ellos?
¿Cómo garantizar que la presencia en un acto oficial no suponga condicionamientos para su tratamiento judicial?
🧭 Reflexión final
El revuelo despertado por este episodio supera lo anecdótico. Revela una fractura profunda sobre el alcance de una política oficial que, bajo el argumento de “paz”, puede cruzar la línea entre negociación legítima y validación de actores criminales. Las capitales departamentales envían un mensaje claro: no es aceptable que se cruce el límite entre la institucionalidad democrática y la exhibición de quienes atentaron contra ella.