MEDELLÍN, agosto de 2025.
Un caso desgarrador estremece a Medellín: un hombre de 50 años y figura emblemática como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Llanaditas —cargo que ostentó durante 17 años— fue capturado tras ser acusado de abusar reiteradamente de un menor de solo 13 años. Con delitos que habrían ocurrido tanto en la sede comunal como en la residencia del menor, el agresor manipuló emocionalmente a la víctima mediante falsas promesas laborales, regalos y dinero.
El modus operandi del abusador
Aprovechando su posición de confianza, habría ofrecido al joven cosas materiales de alto valor —entre ellos celulares— y sumas de dinero que oscilaban entre 100.000 y 200.000 pesos, creando dependencia emocional. Los abusos se habrían cometido entre 2023 y 2024, en espacios que incidían sobre su rol comunitario y sobre la cotidianidad de la víctima.
La denuncia que lo cambió todo
La madre del adolescente detectó alarmantes cambios en el comportamiento de su hijo y notó la presencia de objetos nuevos que no se explicaban por sí mismos. Alertada, presentó la denuncia y activó la ruta de protección integral, lo que derivó en una rápida intervención institucional, investigación y captura del presunto agresor.
Contexto institucional y judicial
La detención fue ejecutada en su propio barrio, con autorización judicial, y el acusado fue imputado por delitos graves como explotación sexual comercial de menor y actos sexuales con menor de 14 años agravados. El caso está en manos del sistema judicial, esperando ahora la definición de su situación ante un juez de control de garantías.
Editorial — Violencia, poder y traición a la confianza
Este caso desvela un problema profundo: cuando quienes están llamados a proteger y servir a su comunidad se convierten en perpetradores de violencia. La vulnerabilidad no solo surge de la víctima: brota de la traición al espacio comunitario sagrado basado en la confianza mutua.
La respuesta no puede quedarse en el castigo legal. Es urgente fortalecer:
Los mecanismos de vigilancia y protección comunitaria.
La atención psicológica inmediata para víctimas y familias.
La formación continua en prevención del abuso para líderes locales.
Las juntas comunales deberían ser centros de encuentro y apoyo, no escenarios originales de abuso y manipulación de poder.