Bogotá D.C., 14 de junio de 2025.
En una contundente operación contra la corrupción administrativa, la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron la ocupación con fines de extinción de dominio de 19 bienes muebles e inmuebles, vinculados a una red de exfuncionarios de la Alcaldía Municipal de Buenaventura.
La ofensiva, denominada “Operación Bomberman”, abarcó diligencias simultáneas en las ciudades de Cali, Armenia, y los municipios de Buenaventura y Buga, donde fueron embargadas propiedades por un valor comercial que supera los 3.100 millones de pesos.
🧾 El foco: la “sobretasa bomberil” desviada para fines personales
Según la investigación judicial, los recursos afectados provenían de la sobretasa bomberil, un fondo exclusivo para la financiación de actividades de prevención y atención de emergencias por parte del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, estos dineros públicos fueron aprobados y desviados de forma irregular, sin supervisión ni cumplimiento de requisitos legales.
38 hallazgos fiscales revelaron que los fondos se destinaron, entre otros, a:
Compra de materiales de construcción para uso personal.
Adquisición de bebidas alcohólicas.
Préstamos entre funcionarios sin documentación formal.
Eventos e integraciones ajenas a la función pública.
🧑⚖️ Implicados: exalcalde y red de colaboradores
Entre los principales señalados figura Eliecer Arboleda Torres, exalcalde de Buenaventura (2016–2019), a nombre de quien se hallaron apartamentos lujosos en Cali. La investigación sostiene que durante su administración, avaló transferencias indebidas de recursos, encubriendo actos de peculado y prevaricato por acción.
Los delitos investigados incluyen:
Peculado por apropiación
Prevaricato por acción
Enriquecimiento ilícito
Lavado de activos (en etapa preliminar)
📌 Resultado de la operación
12 inmuebles embargados
6 vehículos de gama media y alta
1 cupo de taxi en Cali
Todos los bienes quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)
🚨 Impacto y seguimiento
Esta operación no solo representa un golpe contra la corrupción territorial, sino que también sienta precedente sobre el manejo de recursos sensibles como el de los cuerpos de emergencia. Las autoridades han anunciado que habrá nuevas órdenes de captura e investigaciones espejo en otras alcaldías del Pacífico colombiano.
