BOGOTÁ, 7 de agosto de 2025.
El ambiente político se sacudió en las últimas horas debido a un giro inesperado y serio: habría sido tramitada una alerta roja de Interpol contra uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. Carlos Ramón González, señalado como una figura clave en la estructura del Gobierno, enfrenta cargos que lo vinculan con irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
¿Qué está en juego?
La emisión de una alerta roja por parte de la Fiscalía implicaría que González sea buscado internacionalmente con el propósito de capturarlo y extraditarlo. Aunque su rostro ha sido casi omnipresente en eventos oficiales, esta situación lo convierte ahora en un fugitivo internacional potencial, con acceso restringido a fronteras terrestres y aéreas.
El mensaje rojo no solo altera su estatus personal, sino que obliga a que cualquier país que lo detecte debe reportarlo e iniciar su detención inmediata. El impacto es estratégico y político: su cercanía con el Ejecutivo lo convierte en una ficha delicada, y su posible captura generaría efectos directos sobre la estabilidad gubernamental.
Una trama de poder y cuestionamientos
González es visto como una pieza influyente dentro del gobierno, con capacidad directa de influencia sobre nombramientos, decisiones estratégicas y líneas de acción pública. Esa cercanía lo expuso a críticas sobre posibles conflictos de interés; ahora se suma la sospecha de corrupción en contratos, manejo irregular de recursos e influencia indebida en procedimientos de la UNGRD.
La alerta roja enmarca no solo un proceso penal, sino también un reto institucional para el Ejecutivo: ¿cómo responde un gobierno cuando uno de los suyos se encuentra al borde de ser declarado internacionalmente buscado?
Editorial: entre la lealtad política y el imperio de la ley
Este episodio brilla por la tensión que pone de relieve: la guerra entre lealtades políticas y el poder judicial. La alerta roja, si se confirma, sacude el tablero político al evidenciar que nadie está por encima de la ley: un hombre muy cercano a la presidencia puede ser llamado a responder penalmente fuera de Colombia.
Pero hay otro nivel en juego. Este tipo de situaciones obligan al Estado a actuar con transparencia, sin refugios políticos. Al mismo tiempo, le exige al Gobierno demostrar que la institucionalidad no se doblega frente a presiones internas o redes de influencia.
La población espera coherencia: si se defiende la justicia, debe hacerse sin maquillajes ni tibiezas.
Conclusión
La tramitación de una alerta roja de Interpol contra Carlos Ramón González abre una nueva fase en la dinámica política colombiana. No se trata solo de un funcionario en problemas; es una prueba de fuego para un sistema judicial que debe responder sin sesgo y un Gobierno que debe elegir entre blindar su círculo cercano o fortalecer el Estado de derecho. El reloj está en marcha, y esta historia apenas comienza a desarrollarse.