Bogotá, 7 de agosto de 2025.
Una serie de inspecciones recientes por parte de la Procuraduría ha desnudado centrales fallas administrativas en el proceso que debería garantizar la emisión de pasaportes colombianos desde 2026. Lo que debería ser una transición organizada hacia la manufactura interna, ahora está plagado de omisiones y vacíos que amenazan la continuidad del servicio.

Lo que está fallando

Durante su visita a la Imprenta Nacional, el equipo fiscalizador registró respuestas “vacías, contradictorias y poco convincentes”. No se encontraron elementos fundamentales como estudios técnicos claros, una justificación coherente del acuerdo entre Cancillería e institución europea, ni evidencia de que se haya aplicado el propio manual de contratación de la entidad.

Se identificaron presuntas irregularidades que involucran compromisos financieros millonarios —por más de un billón de pesos— y la proyección de vigencias futuras hasta 2036. Todo esto sin contar con las autorizaciones indispensables del Confis o el respaldo del Conpes, indispensables según la ley presupuestal.

Falta de planeación y evasión institucional

El presupuesto se habría comprometido sin el debido análisis sobre los costos reales, ni actas formales firmadas por la junta directiva que avalaran esa decisión. Incluso, la gerente de la entidad no presentó respuestas claras ante la ausencia de respaldo documental. Esto pone en evidencia un esquema improvisado en lo que debería ser una licitación fundamental para la seguridad y movilidad ciudadana.

Riesgos en el horizonte

El impase en curso amenaza directamente la emisión continua de pasaportes. Si no se corrigen estas deficiencias, los colombianos podrían verse afectados por retrasos o interrupciones en el documento que garantiza la movilidad internacional.

Editorial — Una crisis tozuda en la gestión pública

Este caso expone una falla estructural de gobernabilidad: la planeación no puede ser opcional ni el resultado de maniobras políticas o urgencias administrativas. El servicio de pasaportes es un derecho ciudadano que no puede depender de improvisaciones o carencias técnicas.

La crisis en torno a quién y cómo produce los pasaportes —TGS, la Imprenta Nacional o alianzas internacionales— no es solo un debate burocrático: es una conversación sobre credibilidad estatal, transparencia y capacidad técnica de las instituciones. Hoy, queda claro que el error no está en la idea de cambiar el modelo, sino en cómo y quién lo ha liderado.

Conclusión

El control de pasaportes está atravesando un momento crítico. Fallas en planeación, evasión de protocolos y falta de fundamentos técnicos ponen en riesgo la validez y continuidad de este servicio esencial. La ciudadanía exige respuestas precisas y oportunidades para la institucionalidad. No basta con decir que todo está en orden: hay que demostrarlo.