El Congreso colombiano ha dado un paso crucial en la defensa de los derechos de los menores al aprobar una ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Esta legislación, que ahora impide que cualquier persona menor de 18 años pueda casarse o formalizar una relación de convivencia, tiene como objetivo frenar prácticas que afectan gravemente la vida y el desarrollo de niños y adolescentes, especialmente de las niñas. Este avance responde a una realidad alarmante en la que, según organizaciones de derechos de la niñez, miles de niñas y adolescentes en Colombia han sido obligadas a uniones tempranas, viéndose expuestas a situaciones de desigualdad, violencia y exclusión social.
La nueva normativa no solo es un avance en la legislación nacional, sino también un compromiso de Colombia con los derechos internacionales de la infancia, en consonancia con tratados de protección a menores. Según expertos, el impacto será profundo, ya que las uniones infantiles suelen interrumpir la educación de las niñas y limitar su potencial. Además, al eliminar estas prácticas, el país reduce riesgos de violencia y explotación infantil, promoviendo así entornos más seguros y con mejores oportunidades para el desarrollo de los jóvenes.
Este cambio responde al esfuerzo conjunto de legisladores, organizaciones de la sociedad civil y activistas que han luchado por garantizar entornos de desarrollo adecuados para los menores. La ley también representa un marco importante para educar a las comunidades y prevenir las causas que han favorecido la aceptación cultural de estas prácticas. El siguiente reto será la implementación y vigilancia de la norma para garantizar que se cumpla en todos los niveles de la sociedad, especialmente en áreas rurales donde la incidencia de matrimonios infantiles ha sido históricamente mayor.
