La Fiscalía General de la Nación en Colombia ha abierto una investigación detallada para esclarecer la supuesta compra y posible uso indebido del software espía Pegasus, presuntamente adquirido durante la administración del expresidente Iván Duque en 2021. Este software, desarrollado por la firma israelí NSO Group, es conocido por su capacidad para intervenir dispositivos móviles sin ser detectado, permitiendo acceso a mensajes, llamadas y datos de usuarios en tiempo real. La compra de Pegasus habría sido efectuada a través de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) por una suma aproximada de 11 millones de dólares.
El caso se destapó luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara públicamente el uso de este tipo de tecnología con fines de espionaje a figuras de la oposición y periodistas durante el estallido social de 2021. Según Petro, el software habría sido utilizado para monitorear las comunicaciones de activistas, líderes de movimientos sociales y otros actores críticos del gobierno de la época, lo que plantea serias preocupaciones sobre el respeto a la privacidad y los derechos humanos en el país.
La investigación ha implicado la realización de múltiples diligencias, incluyendo entrevistas con exfuncionarios y la revisión de documentación en búsqueda de pruebas que puedan confirmar si la compra fue ejecutada de manera legal y bajo qué condiciones fue utilizada. Entre las figuras indagadas por la Fiscalía se encuentran el exviceministro de Defensa y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quienes han negado públicamente cualquier participación o conocimiento de la adquisición y uso de Pegasus.
Un aspecto relevante del caso radica en la metodología de la transacción, que, según la Fiscalía, habría sido realizada en efectivo y sin registro formal, para evitar rastros que pudieran comprometer a los involucrados. Esta operación financiera habría contado con la intermediación de la unidad de inteligencia financiera suiza, que facilitó el traslado de fondos hacia Israel. La Fiscalía también se encuentra verificando si los pagos fueron reportados debidamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en Colombia, lo cual sería determinante para establecer si se incurrió en algún delito de omisión en el reporte de movimientos financieros.
El software Pegasus ha sido centro de controversias a nivel mundial, ya que ha sido vetado en varios países debido a su uso para espionaje sin autorización judicial, lo cual infringe las normas de privacidad y transparencia. En Colombia, la legislación requiere autorización judicial para cualquier tipo de interceptación de comunicaciones, y el uso de tecnología de espionaje sin dicha aprobación es considerado una violación de la ley y de los derechos fundamentales.
Este escándalo ha desatado un debate en el país sobre la regulación de herramientas de inteligencia y la necesidad de mayor supervisión en las compras gubernamentales relacionadas con tecnologías de monitoreo. Por su parte, el presidente Petro ha insistido en que el gobierno debe garantizar la transparencia en la adquisición de estos sistemas y ha propuesto revisar las políticas de inteligencia para asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos y se evite el abuso de poder en futuras administraciones.
La Fiscalía continúa con las indagaciones y, en los próximos meses, se espera que avance en la identificación de posibles responsables, tanto en el proceso de adquisición como en el uso indebido del software. También buscará establecer si la Policía Nacional aún dispone de este programa y bajo qué normatividad se encuentra regulado su uso.
