En Colombia, el paro campesino y minero ha cumplido ya cuatro días, afectando varias regiones del país con bloqueos en vías estratégicas y generando desabastecimiento en algunos sectores. Los campesinos y mineros protestan, principalmente, contra la ley de páramos, que limita actividades agrícolas y ganaderas en estos ecosistemas, vitales para las comunidades locales. La medida es vista por las asociaciones de trabajadores rurales como un ataque a sus medios de vida, ya que los deja sin opciones productivas o de compensación por las restricciones ambientales.
Las regiones más afectadas incluyen los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander, y Antioquia, donde las carreteras han sido bloqueadas, impidiendo la circulación de alimentos y combustible. Las protestas han generado un impacto importante en el abastecimiento de productos esenciales, siendo Boyacá una de las áreas más afectadas. En algunas vías de alto tránsito como la que conecta Cúcuta y Pamplona, se han movilizado aproximadamente 800 personas, mientras que la vía entre Sogamoso y Tunja permanece cerrada. El Gobierno ha tomado medidas para iniciar diálogos, anunciando mesas de concertación con líderes campesinos y mineros en busca de una solución, pero los manifestantes piden garantías de que se respeten sus derechos y se proporcionen alternativas viables para la subsistencia sin impactar negativamente los páramos.
Además de la ley de páramos, los mineros del Bajo Cauca han expresado su preocupación por la falta de oportunidades para la formalización de su labor, lo que los deja expuestos a condiciones de trabajo difíciles y sin beneficios sociales. Ante esta situación, las organizaciones del paro solicitan una estrategia de apoyo que permita a los trabajadores rurales seguir produciendo de manera sostenible, sin verse desplazados de sus actividades tradicionales.
Este paro pone en evidencia la tensión existente entre políticas de protección ambiental y la realidad de las comunidades rurales que dependen directamente de esos territorios. La falta de consenso y las afectaciones derivadas de las protestas subrayan la necesidad de una revisión de las políticas rurales en Colombia para lograr una convivencia equilibrada entre desarrollo, medio ambiente y bienestar comunitario.
