Después de más de 15 horas de incertidumbre y tensión, los 60 militares secuestrados en el Cañón del Micay, Cauca, fueron liberados este 18 de octubre de 2024. Estos soldados, miembros de dos pelotones, fueron retenidos durante una operación militar que tenía como objetivo desmantelar actividades ilícitas vinculadas a las disidencias de las FARC, específicamente el grupo liderado por alias Giovanny, cabecilla de la estructura Carlos Patiño.
El secuestro: contexto y desarrollo
Los militares realizaban una operación en la región de Argelia, Cauca, un área históricamente dominada por el narcotráfico y grupos armados ilegales, cuando más de 200 campesinos, aparentemente bajo la presión de las disidencias, bloquearon el avance de las tropas. Este grupo civil, utilizado como escudo por los grupos armados, rodeó a los soldados, impidiendo su salida y exigiendo su rendición.
Alias Giovanny, identificado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC, es señalado como el principal responsable de este secuestro colectivo. Las disidencias de las FARC, que en los últimos años han fortalecido su presencia en zonas rurales del Cauca, han recurrido a tácticas de retención y utilización de civiles para enfrentar a las fuerzas del Estado, una estrategia que pone en jaque las operaciones de seguridad y control territorial en estas áreas.
Negociaciones y liberación
A pesar de la gravedad de la situación, el secuestro terminó sin un enfrentamiento violento. Las Fuerzas Militares, en coordinación con otras entidades del Estado, lograron negociar la liberación de los soldados sin que se produjera ningún incidente mayor. La liberación se dio tras horas de diálogo y presión a las disidencias, que optaron por liberar a los militares ante el riesgo de una respuesta armada por parte del Ejército.
Los soldados fueron liberados en buen estado de salud y trasladados a un centro de atención médica para evaluaciones. Las autoridades han calificado este secuestro como un ataque directo a la soberanía y la autoridad del Estado en una de las zonas más conflictivas del país.
Implicaciones para la seguridad en el Cauca
Este episodio ha puesto nuevamente de manifiesto la crítica situación de seguridad en el departamento del Cauca, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales que se financian a través del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Las disidencias de las FARC han fortalecido su control en varias zonas rurales, desafiando continuamente a las fuerzas del orden y utilizando a la población civil como instrumento de presión.
Alias Giovanny, señalado como el cerebro detrás de este secuestro, es uno de los cabecillas más buscados en la región y responsable de múltiples acciones armadas contra las Fuerzas Militares. La estructura Carlos Patiño, a la que pertenece, ha sido objetivo de varias operaciones militares, pero sigue manteniendo una fuerte presencia en el Cañón del Micay y otras áreas estratégicas del Cauca.
La respuesta del gobierno y el Ejército
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha condenado enérgicamente el secuestro y ha reiterado su compromiso de restablecer el control estatal en las zonas más afectadas por la violencia. Aunque la liberación de los militares ha sido vista como un éxito en términos de negociación, las operaciones militares en la región continuarán. El objetivo es desmantelar las redes de apoyo logístico y financiero de las disidencias, y recuperar territorios controlados por estos grupos armados.
El Ejército ha señalado que, a pesar de la liberación, no cesarán las operaciones en la zona. Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las acciones militares en el Cauca, con el fin de neutralizar a los cabecillas de las disidencias y debilitar su capacidad de operar en la región. Las autoridades también han indicado que reforzarán la presencia del Estado en las áreas rurales más afectadas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población civil y reducir el control de los grupos armados sobre estas comunidades.
El impacto sobre la población civil
El uso de campesinos para bloquear a las tropas pone de relieve una estrategia peligrosa y recurrente por parte de los grupos armados, que utilizan a la población civil como medio para proteger sus actividades ilegales. Este incidente ha generado preocupación entre los habitantes de la región, quienes se ven atrapados en medio del conflicto entre las disidencias y el Ejército, y enfrentan constantes amenazas de represalias si no colaboran con los grupos armados.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de civiles en este tipo de conflictos, que no solo vulnera los derechos de la población, sino que también incrementa el riesgo de violaciones graves del derecho internacional humanitario. Estas organizaciones han llamado al gobierno y a las Fuerzas Militares a extremar las precauciones en sus operaciones para evitar que la población civil sea puesta en peligro.
Conclusiones
La liberación de los 60 militares secuestrados marca un capítulo más en la larga y compleja crisis de seguridad en el Cauca, donde las disidencias de las FARC continúan operando con impunidad. Aunque este episodio ha concluido sin un desenlace violento, pone en evidencia los retos que enfrenta el Estado colombiano para restablecer el orden en una de las regiones más conflictivas del país.
El Ejército ha dejado claro que las operaciones en el Cauca continuarán hasta que se logre neutralizar a los principales cabecillas de las disidencias y se recupere el control de los territorios. Mientras tanto, la población civil sigue siendo la más afectada por la violencia y la inestabilidad que azotan la región.
