Este martes marca un momento decisivo en la vida política colombiana: el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá en sala plena para votar la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en la cual se acusa a la campaña presidencial del Pacto Histórico de 2022 de haber violado los topes de financiación legalmente permitidos. La decisión final podría implicar sanciones millonarias contra los responsables y afectar directamente a figuras políticas de primer nivel.

Qué dice la ponencia: las acusaciones clave

La propuesta de resolución que se someterá a deliberación sostiene que la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia habría superado los límites de gasto en más de $3.500 millones de pesos, combinando los montos gastados en primera y segunda vuelta.

Dentro de los señalados figuran:

• Ricardo Roa: exgerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. Se le atribuye la responsabilidad más alta entre los señalados.

• Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto (auditora): también serían sancionadas por su rol en la administración financiera de la campaña.

• Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica: señalados por “tolerar” las irregularidades, lo que les podría derivar multas que luego serían descontadas de sus asignaciones estatales futuras.

La ponencia propone, además, penalizaciones económicas considerables y recortes de financiamiento para las colectividades implicadas.

Normas enfrentadas y debates jurídicos

La discusión no solo gira en torno a cifras, sino a principios fundamentales del sistema electoral:

• El límite de gastos en campañas es una norma clave para garantizar equidad entre aspirantes. Que una candidatura lo supere sin control afecta la confianza en el proceso electoral.

• Pero también está el argumento de fuero presidencial: algunos defensores de Petro sostienen que el CNE no tendría competencia para sancionarlo mientras ocupe el cargo, ya que solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes podría investigarlo o juzgarlo, en caso de que se formule una acusación.

• Recusaciones y conflicto de intereses han marcado el entorno: el magistrado Prada fue recusado por quienes cuestionan su imparcialidad política, lo que puede afectar la votación si genera ausencias o divisiones dentro del CNE.

Qué saldrá del comité pleno: escenarios posibles

• Aprobación de la ponencia con sanciones: impone multas cuantiosas a los responsables, recorta recursos a los partidos implicados e incluye acciones disciplinarias.

• Aprobación parcial o atenuada: se aceptan algunos cargos, pero se rebajan montos o se excluye al presidente del caso directo, para no afectar su puesto.

• Rechazo o aplazamiento: la votación podría posponerse o negarse si se considera que la ponencia no cumple los estándares probatorios exigidos o por fallas procesales.

• Impugnación judicial: cualquiera de las partes podría acudir a la justicia (Consejo de Estado, Corte Constitucional) para impugnar la decisión si consideran que hay violación de derechos o competencias institucionales.

Los riesgos políticos y reputacionales

• Quienes resulten sancionados verán afectada su credibilidad, lo que podría influir en sus aspiraciones políticas futuras.

• Si el partido Pacto Histórico resulta afectado financieramente, eso podría debilitar su capacidad operativa en campañas venideras.

• Para Petro, aunque la sanción directa podría no implicar pérdida del cargo (según interpretación del fuero), el desgaste político y simbólico será relevante en el debate público y electoral.