La Corte Constitucional le puso fecha límite al Ejecutivo: tiene 20 días hábiles para presentar un plan que evalúe si la actual Unidad de Implementación debe fortalecerse, modificarse o transformarse por completo, para garantizar que cumpla con las obligaciones del Acuerdo de Paz con las FARC.

Diagnóstico de debilidad institucional

Según el auto emitido por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte, la actual entidad encargada de la implementación carece de jerarquía, poder decisorio y estructura adecuada para liderar una política de Estado. Se señala que la unidad está subordinada a la oficina del comisionado de paz, lo que le resta autonomía frente a los ministerios y la dispersión institucional.

La sentencia destaca que hay un vacío estructural que impide que los compromisos del Acuerdo se traduzcan en acciones coherentes y coordinadas. Además, el Estado ha incumplido en las garantías de seguridad para los excombatientes y en la operatividad eficaz del sistema de seguimiento, según la Corte.

Plazos y órdenes concretas

• En 15 días hábiles, el Gobierno debe presentar una evaluación integral de recursos, planta, talento humano, estructura y jerarquía de la unidad.

• En un plazo adicional de 5 días hábiles, debe entregar un informe con las medidas a adoptar: fortalecer, modificar o transformar la entidad.

• La fecha límite para presentar el informe final es el 7 de octubre.

• El Gobierno deberá decidir si mantiene la entidad en su forma actual o la reestructura para que tenga nivel administrativo adecuado, autonomía y capacidad de interlocución con ministerios.

Críticas de organismos de paz y seguimiento

Organismos de verificación del Acuerdo de Paz (por ejemplo, Misión de Verificación de la ONU, institutos académicos) han advertido que la reducción de rango de la antigua Alta Consejería para la Estabilización disminuyó la capacidad de liderazgo del Estado en temas de paz. La decisión de cambiarla a una unidad adscrita fue interpretada como un debilitamiento de la política pública de paz.

Según esos observadores, la reestructuración podría restablecer equilibrio institucional, una mejor coordinación, una agenda clara de implementación y seguimiento técnico.

Riesgos y desafíos que enfrenta el Ejecutivo

• Polarización política: cualquier cambio será observado desde múltiples frentes políticos como una maniobra simbólica o un retroceso.

• Resistencia institucional: ministerios que han asumido funciones delegadas pueden mostrar reticencia a ceder competencias.

• Plazos ajustados: la presión judicial y la exigencia de resultados rápidos obligan a procesos exprés de diagnóstico y propuesta, lo que puede producir soluciones superficiales si no se manejan con rigor.

• Integración normativa: el plan debe armonizar con el Plan Marco de Implementación, las metas del Acuerdo y los instrumentos de seguimiento como CSIVI, el sistema de garantías de seguridad y los indicadores de avance.

• Credibilidad con las víctimas: el fortalecimiento institucional no basta si no va acompañado de resultados concretos en tierras, reparación, seguridad y reconciliación.

Implicaciones políticas y simbólicas

La orden de la Corte implica que la implementación del Acuerdo no puede seguir siendo un “trámite burocrático”: debe ser una política de Estado con músculo. Si el Gobierno acata de manera decidida y transforma la unidad en una instancia fuerte, podrá proyectar un liderazgo más claro sobre la paz. Pero si se opta por ajustes mínimos, la decisión judicial podría quedar en un acto formal sin efectos reales.

También evidencia que la Corte está dispuesta a intervenir en asuntos clave de política pública cuando considera que la Constitución y los derechos de las víctimas están en riesgo.

Lo que viene

• Gobierno, Dirección de la Unidad, DAPRE, DAFP y Oficina del Comisionado discutirán la hoja de ruta para cumplir el fallo.

• Se espera que en los próximos días se reúnan las instancias institucionales para delinear el diagnóstico y propuestas.

• La eficacia del proceso estará bajo escrutinio: actores de paz, víctimas, comunidad internacional y base territorial esperarán signos de cambio concreto.

• Si la orden no se cumple con sustancia, podría abrirse una nueva crisis institucional hacia fin de año, con debates en el Congreso y más exigencias judiciales.