Bogotá – septiembre de 2025
Un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción que rodea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) salió a la luz cuando Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de esa entidad y señalado como mano derecha de Olmedo López, firmó una colaboración con la Fiscalía que destapa supuestas irregularidades en los contratos de reconstrucción en Mocoa tras la avalancha de 2017.
⚠ Qué acusa Rodríguez
Rodríguez afirma que existieron direccionamientos contractuales en la reconstrucción de viviendas e infraestructura en Mocoa, especialmente cuando se formularon convenios interadministrativos que facilitaron contrataciones directas sin licitación pública. Noticias Caracol
Señala concretamente que Alethia Arango, exfuncionaria que luego estuvo en UNGRD como Subdirectora de Reducción de Riesgo, participó activamente en la estructuración, validación técnica y jurídica de contratos favoreciendo a contratistas ya predeterminados. Noticias Caracol
Según su versión, Olmedo López habría sido quien impartió instrucciones para que los contratos se asignaran a dedo y con sobrecostos, con el propósito de agilizar la ejecución, pero dejando de lado procesos transparentes. Noticias Caracol
Rodríguez también afirma que el contratista Ramón España Gutiérrez fue favorecido para ejecutar el proyecto de vivienda “Sauces 2” en Mocoa, pese a que ya había observaciones sobre su idoneidad, advertidas por otros funcionarios. Noticias Caracol
👥 Principales protagonistas señalados
Olmedo de Jesús López Martínez: exdirector de la UNGRD, acusado por Rodríguez de liderar el esquema de direccionamientos. Noticias Caracol
Alethia Carolina Arango: exfuncionaria de Medellín, luego subdirectora de Reducción de Riesgo en UNGRD, implicada en la planeación y firma de los contratos del caso. Noticias Caracol
Ramón España Gutiérrez: el contratista costeño a quien se le adjudicó el contrato “Sauces 2” para viviendas en Mocoa, señalado de haber sido beneficiario de los contratos direccionados. Noticias Caracol
🌐 Relación con Camilo Romero y la política
Rodríguez, en su declaración, liga indirectamente al precandidato presidencial Camilo Romero con ciertas recomendaciones de hojas de vida que lo involucrarían en el caso, aunque Romero ha respondido diciendo que no existe prueba de que haya cometido alguna acción ilegal. Noticias Caracol+1
Romero también ha manifestado que las denuncias en su contra tienen un trasfondo político, y que varias de las acusaciones son de oídas o basadas en testimonios no concluyentes. Noticias Caracol
🧮 Avances procesales y posibles impactos
Pedro Rodríguez solicitó un principio de oportunidad con la Fiscalía, lo que implica que su colaboración podría permitir efectos legales frente a otros implicados si sus declaraciones se respaldan con evidencia. Noticias Caracol
Se espera que un juez en Bogotá decida si avala este principio, lo que podría abrir o reafirmar un proceso formal para varios altos funcionarios y contratistas. Noticias Caracol
Si lo que denuncia Rodríguez se confirma, estaríamos ante un esquema de corrupción no solo de tipo administrativo, sino también político, que involucraría beneficios económicos, omisión de controles, adjudicaciones directas y posible responsabilidad penal de quienes firmaron o autorizaron los contratos.
🧭 Reflexión
Este caso evidencia lo frágil de los sistemas de contratación pública cuando los controles internos son débiles, cuando los procedimientos se “agilizan” sacrificando transparencia, y cuando actores de confianza política operan detrás del telón.
La colaboración judicial de alguien como Pedro Rodríguez puede ser clave si se utilizan correctamente los mecanismos de investigación: pruebas documentales, testimonios, audios, registros de visitas, chats y actas. Pero también tiene riesgos: que haya filtraciones, presiones políticas, demoras procesales o que se diluyan las responsabilidades.
Para quienes reclaman justicia, este es un momento decisivo: no basta con denuncia; se requiere aseguramiento del proceso, claridad en cómo se evalúan las pruebas, que haya sanción real si se prueba culpabilidad, y que este tipo de corrupción no quede impune.