El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder emblemático de la derecha colombiana, ha sido confirmado recientemente como candidato al Senado para las elecciones de 2026. Su inclusión figura en la lista cerrada del partido Centro Democrático, en el puesto número 25, de acuerdo con lo anunciado públicamente. Sin embargo, su participación aún depende de que los “temas judiciales se lo permitan”, según declaraciones de dirigentes de su colectividad.
Un poco de historia para entender el peso de esta candidatura
Uribe no es un recién llegado al Senado ni a la política activa:
Gobernó Colombia durante dos mandatos (2002‑2010), liderando políticas de seguridad que marcaron la agenda nacional.
Desde la creación del Centro Democrático, se convirtió en un líder fundador, referente de una corriente política que ha tenido gran influencia electoral y narrativa institucional.
Ha sido senador en diversas ocasiones, incluso tras su presidencia, y su figura ha generado apoyos sólidos en amplios sectores del país.
Pero también ha sido objeto de múltiples procesos judiciales: acusaciones de manipulación de testigos, soborno en actuación penal, y una reciente condena en primera instancia por fraude procesal y soborno de testigos. Este proceso, por ahora, no le ha impedido mantener activismo político ni aspiraciones públicas.
Lo que implica su retorno al Senado
El anuncio de Uribe como candidato tiene varias dimensiones de impacto:
Electoral: Su presencia continúa siendo un “jalonador de votos” para el Centro Democrático. Aunque no sea cabeza de la lista, su nombre atrae símbolos, apoyos y movilización, lo que puede traducirse en aportes significativos en la votación general del partido.
Política institucional: Uribe ya no es presidente, pero su liderazgo interno sigue vigente. Su participación significa que podrá tener voz directa en el Senado, disputar debates legislativos clave, influir en reformas constitucionales o fiscales, y su liderazgo será central en la configuración de alianzas de derecha.
Judicial y moral: Que participe “si los temas judiciales se lo permiten” deja claro que hay obstáculos legales, que aún pesan sobre su imagen y posibilidades. El fallo en primera instancia, los recursos de apelación que emprenderá su defensa, y la percepción pública que tiene este proceso serán variables que condicionarán su campaña y legitimidad.
Reflexión: ¿Qué representa para Colombia?
El regreso de Uribe al ambiente electoral no es un simple acto partidario, sino un símbolo político en tiempos de polarización profunda. Significa que, pese a los procesos legales y las críticas, su liderazgo todavía posee capacidad de convocatoria. También plantea preguntas sobre:
La relación entre responsabilidad judicial y participación política. ¿Hasta qué punto los procesos en curso limitan o legitiman su ejercicio de derechos políticos?
El papel del electorado: muchos colombianos deberán decidir si respaldan su candidatura pese a las condenas, las dudas o los escándalos; otros, si prefieren elegir una opción distinta, más joven o con menos carga judicial.
La oferta de oposición: su regreso obliga al Centro Democrático a construir listas fuertes más allá de la figura de Uribe, para mostrarse como una alternativa robusta, no solo dependiente de su nombre.
Conclusión
La posible candidatura de Álvaro Uribe Vélez al Senado en 2026 abre un escenario donde pasado, presente y justicia se entrelazan. No es solo un regreso político, es también una prueba para la institucionalidad: si la democracia puede permitirse que candidatos en medio de procesos judiciales actúen bajo las reglas del juego, siempre que el sistema judicial sea claro, independiente y transparente.
Colombia enfrentará esta contienda con un paisaje diferente al histórico. Si Uribe logra hacer campaña, cómo lo haga, con qué aliados, bajo qué condiciones legales y con qué acogida ciudadana, marcará un momento decisivo para el futuro de la democracia y del equilibrio de poderes en el país.